El domingo 21 de abril será recordado como un día de resonancia histórica en Colombia, donde la unidad y la determinación se manifestaron con una fuerza sin precedentes. Desde las primeras horas de la mañana, e incluso en algunos lugares a pesar de las lluvias incesantes y un pronóstico de clima poco favorable, las calles de las principales ciudades del país se llenaron con la presencia de ciudadanos de todas las edades, afiliaciones políticas y condiciones socioeconómicas, quienes independientemente de su condición física se unieron en un coro unísono para hacerse escuchar en un llamado por el respeto al Estado de Derecho y la seguridad ciudadana.
La magnitud de esta manifestación superó los límites de la política partidista, evidenciando que los colombianos comparten un objetivo común: la construcción de un país más seguro, justo y próspero para todos. Las motivaciones que impulsaron a los manifestantes fueron diversas pero igualmente apremiantes: desde la creciente inseguridad en las calles hasta la incertidumbre económica y el temor por el futuro de las próximas generaciones.
Lo más notable de esta jornada fue la ausencia de discursos políticos, una decisión consciente por parte de algunos de sus promotores para garantizar que esta expresión masiva no fuera instrumentalizada por ningún interés partidista. Más bien, fue un grito claro y transparente de la ciudadanía, una voz unida que exige un cambio real y concreto en las condiciones que afectan la vida de todos los colombianos.
Es crucial resaltar que la manifestación se desarrolló de manera pacífica y ordenada, sin que se registrara ningún acto de violencia o vandalismo. Este comportamiento ejemplar fue un testimonio elocuente del civismo y la madurez del pueblo colombiano, que optó por el diálogo y la protesta pacífica como medios para buscar soluciones a los desafíos que enfrenta el país.
En el centro de esta movilización se encuentra el rechazo unánime a los abusos de poder y la falta de respeto a las instituciones. Los ciudadanos expresaron su profunda preocupación por los comportamientos autoritarios de algunos funcionarios públicos, así como por las prácticas que socavan el tejido social y económico de la nación.
Esperamos que este evento histórico marque el inicio de un diálogo constructivo entre el gobierno y la sociedad civil, con el objetivo de abordar de manera efectiva los problemas que aquejan a Colombia. Solo a través del entendimiento mutuo y el compromiso conjunto, podremos construir el país próspero y justo que todos anhelamos y que merecen las generaciones futuras.
El país reconoce la necesidad de avanzar en la agenda social pero sobre la base de acuerdos que involucren a toda la sociedad y que permitan construir sobre lo construido y sin destruir sus instituciones; Colombia cree en el diálogo y la integración de diversos puntos de vista pero desde su marco constitucional y con pleno respeto de la división de poderes; la sociedad civil está dispuesta a participar y ser parte del cambio, siempre y cuando todos construyamos colectivamente un futuro mejor.
Como nunca, todos los actores debemos oír y dar respuesta contundente a lo que Colombia a través de sus ciudadanos expresó de manera pacífica en las calles. Actores políticos, empresariales, académicos y sociales debemos con humildad escuchar, reflexionar, concertar y actuar atendiendo este importante llamado popular.