La historia de la Constitución del 91 anota un proceso de oscilación permanente que ha generado inseguridad jurídica en todos los campos de la vida política-social, caos que ha sido aprovechado por los distintos factores de poder para consolidar beneficios particulares, tanto económica como políticamente. Esta aseveración la confirma simplemente el episodio de la ilícita reforma para reelegir al Chalán de Ubérrimo y la secuela inmediata aprovechada por su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, elegido en su reemplazo, ante el fracaso del intento de referendo reeleccionista promovido por Uribe y repudiado por la Corte Constitucional.
Ahora está la expectativa de las enmiendas proyectadas por el gobierno, entre las cuales cabe destacar la organización de las fuerzas políticas, iniciativa que en el último debate de su trámite se tropezó con el rechazo a una de las más trascendentales propuestas: la adopción de las listas cerradas y la abolición de las candidaturas preferenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no podrían los electores votar exclusivamente por su candidato, sino por los que se hallen en la lista inscrita por el partido al cual pertenezca y, al momento de hacer el escrutinio, serán escogidos en el orden en que aparezcan registrados.
El voto preferente, con el cual se escoge la mayoría de congresistas, diputados y concejales actualmente ha sido considerado la fuente de la corrupción electoral y la compra de votos: por eso el gobierno del Dux Iván presentó, en su intento de dar lugar a la campaña anticorrupción y como una apuesta para fortalecer los partidos políticos, la abolición de ese sistema e imponer la “lista cerrada” que en adelante tendrían que conformar mediante mecanismos democráticos de selección.
Esta modalidad no es nueva. Es regresar al pasado; antiguamente se votaba por la lista y a ella se accedía a través de las intrigas y las “negociaciones” económicas con las directivas del partido; a las corporaciones nunca se llegaba si no se contaba con la admisión de la elite. Supuestamente, para corregir ese defecto se exige que los partidos y movimientos hagan una selección ¡democrática! De esta manera, el derecho del aspirante a ser elegido queda subordinado a la voluntad de los “patrones” y ellos la rendirán si el pretendiente algo aporta. La corrupción ha sido una tara heredada de la conquista.
El asunto, ahora rechazado, continuará debatiéndose en las sesiones del año entrante. Lo ideal sería que se planteara la organización de la carrera política, de manera que para llegar a las más altas corporaciones se exijan condiciones que acredite experiencia y reputación del candidato. Haber militado en los partidos por tiempo determinado o desempeñados curules en las corporaciones locales o regionales, tal y como se exigen condiciones para las altas cortes o la coronación en la carrera militar o diplomática.
También fue resistida la integración paritaria de género, estimulación de la lucha entre hombres y mujeres y el conflicto machista que patrocina las redes de LGTBI.