Carlos Martínez Simahan
Justicia y competitividad
El lanzamiento anual del Informe Nacional de Competitividad se ha constituido en el evento más importante para el análisis de nuestra economía. Los conferencistas, los documentos, los paneles, son de alta densidad académica y actualizan los avatares nacionales y mundiales, que han incidido en el avance cansino de nuestro desarrollo. El empresariado colombiano cumple, a través del Consejo Privado de Competitividad, una notable y meritoria tarea en la divulgación y examen de los datos económicos relevantes y en la precisión documentada de los logros y falencias de la “estructura legal y administrativa en la que interactúan los individuos, las empresas y el gobierno para generar la riqueza de un país”. Nadie ignora que las instituciones tienen un rol decisivo en el desenvolvimiento y andar del Estado. Su modernidad y actualización son factores claves en el ascenso de los países y deciden los ganadores en la regata por los mares turbulentos de la interdependencia económica.
El Sistema Nacional de Competitividad, creado en 2005, le hace seguimiento a la agenda que señaló el 2032 como el año en el que Colombia se convertiría en el tercer país más competitivo de América Latina, “con un nivel de ingreso per cápita equivalente al de un país de ingresos medios altos”. Sin embargo, no ha habido suficiente innovación ni eficiencia en los pilares básicos que conducen a cumplir esa meta. Tanto la opinión ciudadana como los expertos señalan a la Justicia colombiana como una de las instituciones que frenan nuestro progreso. Su situación se revela dramática en las cifras que registra y estudia el informe referido. Veamos:
“… de acuerdo con el Sistema de Información y Gestión de Empleo
Público, en la rama judicial colombiana menos del 3% de sus funcionarios
cuenta con estudios de maestría o doctorado. Más aún, muchos de los
funcionarios de la rama judicial no han obtenido sus títulos universitarios
de las instituciones con los mejores Saber Pro del país y, menos aún,
de las universidades mejor posicionadas en los rankings mundiales”.
“Ahora bien un alto nivel educativo de los funcionarios judiciales no es suficiente
si las decisiones judiciales se ven influenciadas por intereses particulares
o incluso políticos, lo que afecta la calidad de la justicia.… vale la pena destacar
que Colombia es el tercer país de Latinoamérica que más ha empeorado
en el índice de Independencia Judicial del WEF, al pasar de una calificación
de 3.5 sobre 7 en 2010, a una calificación de 2.8 sobre 7 en 2014”.
Aunque la cita es incompleta estamos ante un retrato alarmante del momento crepuscular de la justicia. A diario nos sorprenden providencias que trastocan la realidad y la historia. Parece, como diría Ramón Andrés, que se pretendiera desde los tribunales decretar hegelianamente un Estado afín a la ideología. La situación obliga al Gobierno y a los legisladores a dar luz a un cambio innovador y profundo. Sin medias tintas.
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P.S. La misión Roseta es una prueba hermosa de la infinita capacidad del hombre.