LA circunscripción nacional para Senado de la República “ha causado déficit de representación en algunos territorios y ha propiciado y ampliado el escenario de la corrupción”. Este diagnóstico del Gobierno señala, con agudeza, los males que ha traído a la política colombiana una institución desconocida en la mayoría de las democracias. Desde estas notas hemos sido campaneros solitarios sobre la necesidad de abolirla conjuntamente con el voto preferente, pues este último ha conducido al “fraccionamiento de los partidos, a la indisciplina y a la falta de cohesión interna”.
Desafortunadamente, y a pesar de la radiografía nítida de la enfermedad, el Gobierno propone paños de agua tibia plagada de los gérmenes que se intentan extirpar. No es cierto que el proyecto de acto legislativo busque “el restablecimiento de la figura de la circunscripción territorial en la elección del senado de la República, tal como se expresó en todos nuestros ordenamientos constitucionales anteriores, hasta la Constitución de 1886”, como dice la exposición de motivos. No, en tales ordenamientos la circunscripción territorial era la norma general y nunca dio lugar a contratiempos de envergadura. Lo que se presenta ahora es excepcional, para departamentos con menos de 500.000 habitantes.
Es comprensible el pragmatismo del Gobierno. Sin duda, los senadores elegidos por el sistema vigente no dejarían cambiarlo en su esencia. Pero, si a esa confusa solución se le agrega la eliminación del voto preferente, no alcanzamos a imaginarnos como se armarán las listas cerradas en los atípicos partidos políticos colombianos, con jerarquías más formales que reales y con la debilidad de sus organizaciones. Seguramente, contrario a los propósitos del proyecto, quienes no se sientan bien ubicados en las listas buscarán avales donde sea o fundarán partiditos.
La opción de consultas internas nacionales conduciría a duplicar las oportunidades de compra de votos con dineros de la corrupción. Lo indicado, lo conveniente y lo difícil, es eliminar tanto el voto preferente como la circunscripción nacional, dejando esta únicamente para minorías, como en las democracias maduras. No hay que asustarse con el cuero del tigre. El Gobierno Santos tiene mayorías suficientes, es reformista y goza de la autonomía refrescante que concede el último mandato. Y, la mayoría de los legisladores son responsables, aplomados y sienten la angustia nacional. Además de acabar con la reelección, bien vale la pena darle a Colombia un nuevo Congreso. Ante los cambios profundos que implica el post-conflicto necesitamos de instituciones sólidas, aprestigiadas y acatadas.
Si para volver a la circunscripción territorial para Senado debemos aumentar el número de curules que facilite la representación de todas las fuerzas políticas, ¡hagámoslo! El país exige una transformación esencial de los partidos, una nueva cultura política que erradique el clientelismo y la corrupción. El sentido de la historia del Presidente Santos y su tranquila osadía, deben impulsarlo a dar el timonazo hacia una democracia de ciudadanos, no de simples electores.