“No presentar el proyecto en este momento”

INOPORTUNO E INCONVENIENTE

“Golpe de Estado al pueblo”

ASÍ  calificó el expresidente Álvaro Uribe el proyecto de reforma constitucional que anunció el Gobierno con el propósito, según lo ha dicho, de tener listas las herramientas para implementar con agilidad los acuerdos a los que llegue con las Farc.

La razón acompaña a Uribe, porque lo que se conoce públicamente llevaría a cometer un error de grandes proporciones.

En este caso el orden de los factores sí altera el producto.

De otro lado, como se trata de un asunto tan complejo, es mejor no ensillar antes de traer las bestias.

Aquí sí que tiene cabida el viejo aforismo según el cual lo primero es lo primero.

Los entendimientos a los que lleguen Santos y Timochenko requieren de una legitimidad inobjetable.

Tienen que respetar los compromisos internacionales del Estado, el sistema democrático, los derechos fundamentales de los colombianos y el emprendimiento privado.

De lo contrario, caerían en el abismo de la ilegitimidad y serían fuente de nuevas violencias.

Y deben ser aprobados o rechazados por los colombianos en desarrollo de un proceso libre, rodeado de plenas garantías, caracterizado por una pedagogía intensa acerca de los temas sobre los cuales van a decidir, y mediante la aplicación de un mecanismo que no le deje duda a nadie en relación con la materia del pronunciamiento popular.

En este orden de ideas, la tarea inicial debe dirigirse a definir dicho mecanismo.

Eso es lo fundamental en una primera instancia.

De lo que se trata es de idear una herramienta que conserve la característica esencial de la consulta, que elimine las limitaciones que ella tiene en la actualidad, y le haga posible a la gente tomar decisiones sobre temas, sin tener que pronunciarse respecto de textos legales específicos, es decir, refrendar con carácter aprobatorio, si eso es lo que desea, o rechazar.

De otro lado, el camino institucional para implementar los acuerdos, en el caso de que sean aprobados, también debe hacer parte de las preguntas que se les formulen a los ciudadanos.

En resumen, primero conviene definir la manera de garantizar el derecho de todos a decir sí o no, y luego incorporar en la consulta popular refrendataria lo referente a las herramientas para hacer los desarrollos constitucionales y legales que se requieran.

En lugar de actuar en esa forma, el Gobierno quiere anticiparse de manera inoportuna, inconveniente e inconstitucional a lograr que el Congreso, en donde tiene mayorías, le apruebe unos instrumentos cuya consideración puede y debe esperar.

Está actuando como lo hizo cuando sacó adelante el marco jurídico para la paz, que hoy es un encarte.

Crear una comisión especial legislativa, en donde se  concentrarían prácticamente todas las competencias de las distintas comisiones constitucionales es, nada más ni nada menos, que revocar el Congreso, así se presente con el dulce de que todo lo que en ella se decida debe ser ratificado por las plenarias de las dos cámaras.

Y darle facultades extraordinarias al Presidente para que expida decretos con fuerza de ley, relacionados con la implementación de los acuerdos, es decir, con todo, es mandar para su casa a los parlamentarios aun cuando se diga que éstos seguirán haciendo control político.

Anticipo algo más: una reforma de ese calado no puede pasar el examen de constitucionalidad de la Corte ya que requeriría, ella misma, un referendo.

De ahí que tenga tanta razón Uribe al calificar  la reforma que anuncia el Gobierno como un golpe de Estado al pueblo, porque una cosa pueden ser las mayorías en el Congreso hoy y otra en la opinión  sobre los acuerdos con las Farc.

Lo mejor para el país es que Santos no presente en este momento el proyecto que anunció.