La década del 2020 será recordada al menos por dos grandes asuntos esenciales para la supervivencia de la humanidad: 1. La atención de la pandemia del covid-19 y la recuperación de sus fuertes efectos socioeconómicos y sanitarios; 2. La crisis climática y el impulso a la transición energética. Del segundo aspecto tratarán cada vez más la adopción de medidas para lograr la reducción efectiva de emisión de gases de efecto invernadero. Es así como la Conferencia sobre Cambio Climático, COP26, que se realizará en Glasgow en noviembre de este año, tiene entre sus objetivos acordar aumentar la meta de reducción a 2030 en los países con el fin de llegar a 2050 con el cero neto de emisiones.

La Unión Europea, con la adopción de medidas legislativas para que a partir de 2035 no se vendan vehículos con motor a combustión en sus países (Brúcelas 14/7/21), ha señalado el inició del punto de inflexión de la transición energética al prohibir los motores de gasolina, diésel, gas e híbridos. Incentivando así la movilidad eléctrica y de energías bajas en carbono. Acelerando la transformación de las industrias con el desafío económico, social, comercial y tecnológico que ello supone.

La transición energética tendrá impacto directo sobre la planeación del desarrollo al determinar la rápida transformación de los patrones de producción y consumo. Así como una dinámica de las relaciones comerciales y políticas cada vez más dependientes de la dimensión ambiental y las medidas de adaptación al cambio climático. En este sentido, dos sectores que deberán abordar de manera prioritaria la transición, según las medidas hasta ahora adoptadas, son el transporte (movilidad) y la construcción (infraestructura y vivienda). Los cuales, a su vez, están en el grupo de los de mayores emisiones de gases junto con la industria, la producción de energía, el agropecuario y el forestal.

¿Qué significa esto para un país como Colombia? ¿Qué ha hecho el actual gobierno y qué se debe esperar que hagan el que se elija en 2022 y los siguientes? Desde el Conpes 3700 (2011) pese a los esfuerzos ha sido difícil la continuidad. Hay importantes avances normativos (Ley 1831/18 de Cambio Climático o el Pnacc), pero no de transformaciones ni de resultados concretos, aún predominan los meros anuncios. Además, la pandemia y la polarización política en Colombia relegaron estas prioridades. Y las dos estrategias de recuperación económicas: infraestructura (transporte) y vivienda no muestran incorporadas de manera clara este tipo de medidas ni la coordinación para preparar la transición energética ni socioeconómica en plazo que se cumple el 2030.

En este sentido, se requiere dar mayor visibilidad a la transición energética como gran reto del desarrollo socioeconómico y recuperar su centralidad dentro del Gobierno nacional y los gobiernos territoriales. Así mismo, es fundamental que la campaña para elección presidencial en 2022 aborde con responsabilidad estos desafíos.

La transición energética es oportunidad para países de ingreso medio en problemas como Colombia. Pero, de no atenderse oportuna y adecuadamente nos mantendremos rezagados y asumiendo mayores costos económicos y ambientales. Y con el riesgo de aumentar la desigualdad socioeconómica por la transformación de las empresas, los empleos y las tecnologías, dejando más gente atrás.

@Fer_GuzmanR