El Gobierno aprendió rápido la lección: no se puede alborotar el avispero social con anuncios precipitados. Reflexionó. Reaccionó rápidamente y comenzó a darle al tema  pensional un tratamiento distinto al que, en la reforma tributaria, casi le cuesta la cabeza a un ministro en el Congreso y sacó multitud de furiosos manifestantes a las calles.

Como no se hizo un corte de cuentas ni se informó con claridad cómo era la herencia recibida el pasado 7 de agosto, la noticia de un déficit fiscal sorprendió al ciudadano común y contribuyente, notificándole que debía sacrificar parte de sus ingresos para cubrir un profundo hueco fiscal. ¿Déficit? ¿Cuál déficit? saltó, pensando que le “metían la mano al bolsillo”, mientras galopaba la corrupción.

Y ahí se desplomaron la popularidad del Presidente, sus índices de opinión favorable en las encuestas y la posibilidad de conseguir los votos necesarios para  la aprobación en Cámara y Senado. Las manifestaciones estudiantiles colmaron las plazas y estuvieron a punto de extenderse a unas protestas generales. Resultó  imposible insistir en los términos originales, dejando el hueco a medio tapar, para evitar males mayores.

Con las pensiones, al contrario, llevamos  varios años repitiendo que allí hay un problema serio, quejándonos de la magnitud que tendrá en el futuro, ambientando una reforma que por ahora nadie puede precisar. Pero ya hay conciencia del peligro de fabricar temores que se conviertan en combustible de inestabilidad política y social. Si el  aumento anunciado del  IVA que gravaría artículos de la canasta familiar, precipitó semejante conmoción, puede calcularse la catástrofe política, económica y social que causaría  amenazar la totalidad del ingreso que cada colombiano se esfuerza por conseguir como garantía de supervivencia en la vejez.

Los más hábiles actuarios pueden agobiar en vano al país con cálculos  para respaldar unas reformas pensionales. La población  aumenta a diario el número de personas mayores, y jamás la convencerán de sacrificarse toda la vida para que, al final, le arrebaten los derechos que adquirieron ahorrando peso a peso por largos años, para subsistir a medias en los cortos días que recibirán una pensión.

Las prudentes declaraciones de la Ministra de Trabajo, Alicia Arango, que proponen concertar el proyecto, socializar la reforma y aplazan su presentación, tranquilizan al país. Aseguran que no habrá precipitación en el análisis  y desmontan los temores de que se manipulen los tiempos de cotización y las edades de jubilación,  para usarlos como camino sesgado y escamotearle a pensionados y a quienes están en vía de serlo, los derechos adquiridos, mes tras mes, a lo largo de la vida.

Forzar una reforma es la mejor manera de lograr que no haya una buena reforma. Y al decir que el Gobierno no propondrá los cambios en el presente año, alivia las dificultades  de un intenso período electoral y las complicaciones económicas que los colombianos ven como una angustia personal. Facilitarán, además, el manejo de los demás temas, que serían muy difíciles de afrontar si también los pensionados deciden salir a protestar en las calles.