El espejo refleja el desequilibrio entre política y protección social por la base. El Gobierno Nacional acaba de autorizar 40 mil millones de pesos para que un partido, los invierta en una consulta para escoger candidato a la presidencia.
El evento pudo alcanzar un ahorro de más del 50 por ciento logrado, si en lugar de regar 4 mil 300 puestos de votación y 10 mil mesas en el país, hubiese recurrido a consulta directa con sus seguidores y vigilancia de la Registraduría Nacional.
Esos 40 mil millones se lloran en las calles de la capital, tomada por inmigrantes, refugiados y lo que es más grave, legiones de indígenas emberá en completo abandono con niños en brazos.
Gobierno y ciudadanía están llamados a integrar esfuerzos con resultados, ante el espectáculo en calles, tomadas por etnias de desplazados del Cauca, donde sostienen choques, campesinos honestos, cocaleros en rebusque y narcotraficantes de oficio.
La oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos y - Unicef - organismo en favor de la niñez y adolescencia menor de 18 años, - dice en nota recibida por esta columna, - verdades claras y directas de emergencia.
“Es urgente garantizar a los indígenas los derechos a una vida digna, de acuerdo con su cultura, usos y costumbres”.
Por encima de todo se recuerda que los pueblos indígenas están en especial protección constitucional, en razón de sus condiciones de vida, además, de ser víctimas del conflicto.
Un factor que exige buen trato, sin excesos de la Policía, en concentraciones de etnias, como ocurrió la semana pasada; Esa actuación fue protestada por Derechos Humanos de ONU y Unicef.
La protección debe ser acorde a necesidades de la comunidad indígena. No se trata de organizar colectas y marchas con payasadas.
Se requiere plan inmediato con seriedad, sin ´show´, y sin escándalo televisivo; de pronto fuera de la ciudad, con atención digna, sin descartar posible reintegración étnica a sus regiones.
En otro ángulo están desplazados urbanos, con refugio en cerros nororientales, una reserva forestal de valor; Sin embargo, vulnerable a derrumbes por destrucción ambiental.
No se atribuye culpa a Gobierno local; hace décadas, hay cargas sociales en la capital: guerrillas, narcotráfico, desplazados citadinos, desempleados y delincuencia.
La emergencia golpea puertas del Ministerio del Interior para desempeñar estas funciones de Gobierno, toda vez que se trata de un desplazamiento nacional humanitario.
Pregunta con millón de ilusiones: ¿Será que de dineros decomisados o entregados por narcotráfico y corruptos, se pueden tomar algunas partidas para rehabilitación humanitaria?