En cualquier país del mundo una de las prioridades de los gobiernos es defender a los usuarios de los diferentes servicios que se prestan, controlando la calidad de los mismos y a las empresas encargadas de estos servicios, sancionando duramente a quienes abusan, engañan y se aprovechan de sus clientes.
Este es el caso que está sucediendo con la empresa Avianca, la cual antes se esmeraba por dar un buen servicio, atender de manera especial a sus clientes frecuentes y otorgando a aquellos clientes que depositaban su confianza en la empresa bonificaciones y privilegios que desaparecieron y dando un servicio que realmente correspondían a los precios que éstos pagaban.
Hoy en día es la peor empresa en términos de calidad del servicio, vende lo que no da e incluso el servicio al cliente es el más malo. El cambio refleja que esta se ha convertido en una aerolínea de bajo costo. Sin embargo, sus precios no reflejan lo mismo y le cobra a sus clientes como si fuera la mejor empresa y prestaran la atención que corresponde a ello.
Pero por su parte, ¿qué ha hecho el gobierno para castigar a estos estafadores que llegan a vender pasajes en clase ejecutiva, con precio incluso más alto que otras empresas en esta clase y sin prestar el servicio que deberían? Ahora Avianca cobra por el uso del salón vip, la selección de sillas, el servicio especial y el tratamiento diferenciado, incluso a los viajeros de categoría alta.
Pues bien, ahora resulta que cualquiera que sea el nivel de viajero frecuente, estatus que se consigue por la alta inversión en tiquetes de esta aerolínea, por la lealtad y fidelidad en su uso más que otras, y la clase del pasaje adquirido retiraron todos los beneficios. En el caso de Madrid y Miami ya ni siquiera hay salón vip, pero en la tarifa lo están cobrando.
En cualquier línea del mundo los pasajeros de clase superior reciben los servicios que les han vendido, pero resulta que en Avianca no y no pasa nada.
No hay protesta o reclamo que valga y no hay ninguna acción en defensa del consumidor por parte de las entidades responsables del gobierno como son las Superintendencia de Sociedades, la unidad especial de la Aeronáutica Civil o el Ministerio del Transporte.
¿Es que acaso la defensa del usuario en este país no es importante ni vale la pena? La Procuraduría General de la Nación debería tomar cartas en este asunto y cumpliendo con las normas que rigen la vigilancia de los funcionarios públicos proceder a investigar el incumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios públicos y si es del caso proceder a sancionarlos.
No es posible que la aerolínea que mayores rutas tiene aprobadas en nuestro país siga abusando de sus clientes ante la mirada inactiva de las entidades del Estado.
Todos los clientes de Avianca deberíamos dirigirnos, tanto a la empresa como a las entidades de vigilancia, protestando por el mal servicio y el abuso que vienen cometiendo en esta empresa que existe gracias a la bandera de Colombia y que ocupa los aires de nuestro país, cuando ahora no es más que una empresa cuyos accionistas nada tienen que ver con el país y sus directivos tampoco, pero si están explotando a los colombianos y algo peor, engañándolos con su pésimo servicio.
Es tan malo el servicio que incluso se atrevió a no subir a uno de sus vuelos a un expresidente de la Republica y su señora. Si eso le pasa a una persona que ha ejercido ese cargo ¿qué se puede esperar del tratamiento al resto de colombianos? ¿Hasta donde podemos los colombianos seguir aguantando tantas arbitrariedades y malos servicios de Avianca?