Un fallo sin falla
CON la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso Nicaragua versus Colombia se pondrá hoy fin no sólo a un largo proceso jurídico de más de una década, sino a una incómoda y peligrosa incertidumbre sobre el alcance de los derechos de uno y otro país en el Mar Caribe. Una vez se pronuncie la Corte, de manera definitiva e inapelable, ya no podrá Managua reivindicar lo que no es suyo, y a su vez, Colombia dispondrá de reforzados títulos jurídicos para ejercer soberanía sobre unas aguas a las que tendrá que empezar a mirar, dicho sea de paso, no como el mar que hay que cruzar para llegar a San Andrés, sino como una fuente de riqueza y recursos, y como plataforma estratégica para la proyección de los intereses nacionales en el Caribe y Centroamérica.
Por supuesto: es posible que la Corte establezca en su sentencia una delimitación que “salomónicamente” resulte inferior a las pretensiones de Colombia, y que acaso las áreas marinas y submarinas que le sean adjudicadas sean menores a las que tradicionalmente ha considerado como suyas. Pero no por esa razón debería el país entregarse al derrotismo, ni mucho menos, dedicarse a llorar sobre la leche derramada con polémicas inocuas y preguntas contrafactuales (¿qué hubiera pasado si…?).
Al arbitrar los derechos de Nicaragua y Colombia en el Mar Caribe de manera cierta y concluyente, el fallo de la Corte eliminará una fuente potencial de conflicto. Colombia ya ha dicho que, fiel a lo más esencial de su tradición diplomática, respetará y acatará la sentencia. Ojalá el gobierno de Ortega -a pesar de algunas declaraciones temerarias en sentido contrario- haga lo mismo, so pena de ponerse en evidencia como uno de esos Estados contumaces que intentan utilizar el derecho a conveniencia y se ponen al margen de la ley internacional cuando ésta no los satisface.
En adelante habrá que ocuparse en otras cosas. Ejercer, por ejemplo, una soberanía más activa, integral y multidimensional en el Caribe, que no se limite a las fragatas y corbetas de la Armada -que lealmente ha hecho siempre lo suyo-, sino que aproveche todo el potencial marino y submarino, y la conexión geográfica que esas aguas establecen con otras naciones, para que el país ocupe, también en el Caribe, el lugar protagónico que le corresponde. Para ello no bastarán los títulos jurídicos. Se requerirá voluntad política, desarrollo institucional, e iniciativa emprendedora. Y eso ya no es competencia de La Haya.
*Analista y profesor de Relaciones Internacionales