¿Quién dijo “golpe”?
NO hay mejor descripción de la relación entre lenguaje y poder que la ofrecida por Lewis Carroll en “Alicia a través del espejo”. En un diálogo memorable, Humpty Dumpty dice a la joven que cuando él usa una palabra, ésta quiere decir lo que él quiere que diga. Alicia, bastante desconcertada, le pregunta si en verdad es posible hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes. Sin titubear, el huevo más famoso de la literatura universal, zanja el debate diciendo: “La cuestión es saber quién es el que manda…, eso es todo”.
En Brasil, Dilma Rousseff y Lula da Silva, unidos por el destino en una indisoluble (y quizá trágica) simbiosis política, denuncian un “golpe” inminente contra la presidenta. Por “golpe” entienden el juicio de responsabilidad política al que podría ser sometida Rousseff y que, en el peor de los casos (para ella) supondría su destitución. ¿Es esto un “golpe” en realidad? ¿No es acaso un procedimiento constitucionalmente establecido, un ejercicio de control político de esos que a veces se echan de menos en los regímenes presidencialistas latinoamericanos? ¿Acaso en democracia la investidura popular blinda a los gobernantes hasta sacralizarlos, haciéndolos virtualmente inamovibles? Las respuestas son menos sencillas de lo que podría pensarse. Para empezar, en América Latina la frontera entre la “responsabilidad política” y la “responsabilidad judicial” de los altos funcionarios ha sido siempre borrosa, y en consecuencia, casi siempre logran eludir tanto la una como la otra. Poco ayuda, en el caso de Brasil, la triquiñuela de intentar nombrar a Lula en el Gabinete. (Da la impresión de que algo huele podrido en Planalto). Tampoco el hecho de que una parte importante de los legisladores que han tenido y tendrán el proceso en sus manos sean, ellos mismos, sospechosos de corrupción. Ni que en un acto desesperado, se haya recurrido al Tribunal Supremo Federal para intentar enervar la acción parlamentaria.
Mientras tanto en Venezuela, al fragor de una “guerra económica” auto infligida, y en medio de una creciente incertidumbre política y crispación social, Maduro obtiene del Tribunal Supremo de Justicia -convertido hace rato en caja de resonancia del régimen- la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional. ¿Acaso no es esto un “golpe”, aunque disfrazado de control de constitucionalidad?
La cuestión, diría Humpty Dumpty, es saber quién manda. En Brasil aún no se sabe, pero muy pronto se sabrá. Puede que en Venezuela la respuesta tarde un poco; y el camino que conduzca a ella, sea mucho más accidentado.