“Un tratado es la mejor forma de conciliar intereses”

Nicaragua

¿Qué hacer?

Han  transcurrido casi dos años desde que la Corte Internacional de Justicia profiriera su sentencia sobre la controversia territorial y marítima entre Nicaragua y Colombia.  Desde entonces, el país se ha dedicado a hacer acrobacias jurídicas para consumo interno -como la demanda contra la ley aprobatoria del previamente denunciado Pacto de Bogotá-, a la cacería de brujas en búsqueda de presuntos responsables, a atribuirle al fallo de La Haya la responsabilidad por los males y problemas endémicos que padece el archipiélago, y a especular sobre teorías conspirativas que intentan explicar, con más imaginación que sensatez política y diplomática, el presunto “despojo” del que habría sido víctima Colombia -los famosos 75 mil kilómetros de mar territorial que en realidad no se perdieron porque jamás existieron como tales-.

Entre tanto, Nicaragua entabló dos demandas nuevas contra Colombia.  Una en relación con la delimitación de su  plataforma continental extendida, y otra por el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la sentencia de marras, no por cuenta del extinto Pacto de Bogotá, sino por virtud de la Carta de San Francisco y el propio Estatuto de la Corte.

Puede que a Colombia le vaya muy bien en ambos procesos.  Puede que la primera de estas demandas no prospere, por ejemplo, porque La Haya se declare incompetente o porque rechace las ambiciosas pretensiones de Managua por tratarse de costas enfrentadas y no adyacentes.  Y puede que la segunda -con la que en la CIJ parece estar embolatada, sin saber muy bien qué hacer ni cómo tramitarla- se resuelva a su favor (lo cual implicaría, paradójicamente, que en la práctica Colombia no ha hecho nada distinto que cumplir el fallo original, a despecho del cacareado discurso sobre su “inaplicabilidad”).  Pero aun con la mejor de las suertes, ello no sacará al país del laberinto en que se encuentra en el Caribe Occidental.

Un tratado que perfeccione la delimitación -inevitablemente, sobre el trazado hecho por la CIJ-, pero que regule también aspectos ambientales, económicos, migratorios, y de seguridad, es la mejor forma (y acaso la única) de conciliar los intereses geopolíticos de Colombia con sus obligaciones bajo el derecho internacional y con las preocupaciones de los sanandresanos.  Al mismo tiempo, serviría para sujetar a Nicaragua a un régimen legal por cuyo cumplimiento sería responsable. Y seguramente también contribuiría a apuntalar hacia el futuro la proyección de Colombia en el Caribe, más allá de la retórica patriotera, con una visión integral y estratégica de largo plazo.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales