Andrés Molano-Rojas | El Nuevo Siglo
Lunes, 25 de Marzo de 2013

La CPI, 10 años después

 

“Su labor no es anodina ni nugatoria”

Este año se cumple el décimo aniversario de la entrada en funcionamiento de la Corte Penal Internacional creada en virtud del Estatuto de Roma adoptado en 1998, del que ya hacen parte 122 Estados.  Actualmente. la CPI lleva 18 casos relacionados con ocho situaciones en distintos lugares del mundo.  Cuatro Estados han referido por su propia cuenta situaciones a la Corte (República Democrática del Congo, República Centroafricana, Uganda, y más recientemente, Mali); en otros dos -Sudán y Libia, que no son parte del Estatuto de Roma -ésta ha intervenido por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU; Costa de Marfil -para quien el Estatuto de Roma entrará en vigor el 1 de mayo- reconoció la jurisdicción ad hoc del tribunal en 2003; y en cuanto a Kenia, la misma Corte autorizó la apertura de las investigaciones a solicitud del entonces fiscal Luis Moreno Ocampo.

En estos 10 años la CPI ha concluido apenas dos juicios, y sólo en uno de ellos ha proferido sentencia condenatoria: contra Thomas Lubanga Dyilo, a quien impuso una pena de 14 años de prisión al hallarlo culpable del alistamiento y reclutamiento de niños en las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, a fin de que participaran activamente en las hostilidades entre esa organización subversiva y el gobierno congoleño.  De 23 órdenes de detención emitidas, únicamente 6 se han hecho efectivas.

Podría parecer que una década, 700 funcionarios y un presupuesto anual de 115 millones de euros es demasiado para tan magros resultados.  Pero sería un error considerar su labor nugatoria y anodina.  El hecho de que contra un gobernante en ejercicio se haya dictado una orden de detención constituye todo un hito en la historia de la justicia internacional, aunque Omar Al Bashir, mandamás de Sudán -sobre quien pesan cinco cargos por crímenes de lesa humanidad, dos por crímenes de guerra y tres de genocidio- siga aún tan campante.  También lo es que Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa de Marfil, haya sido puesto a disposición de la Corte para su enjuiciamiento; y que el próximo mes vaya a iniciarse el juicio del campante triunfador de las últimas elecciones en Kenia, Uhuru Muigai Kenyatta.

Lo anterior tiene un enorme peso simbólico y una importancia nada deleznable.  De alguna manera, los poderosos han dejado de ser intocables y su investidura ya no les sirve de parapeto ni les garantiza absoluta impunidad.  Aunque naturalmente haya todavía mucho por hacer, y el esfuerzo no esté exento de riesgos y de efectos contraproducentes.

*Analista y profesor de Relaciones Internacionales