LA  expectativa generada por la convocatoria de la constituyente de 1991 fue un acontecimiento histórico. No todo el país estuvo de acuerdo en firmar un cheque en blanco. Tampoco en llevarse de calle el reglamento constitucional de la Carta vigente, acerca de las condiciones para su enmienda. Decía el texto, articulo 218, que ésta era una competencia exclusiva del Congreso. Sobre procedimientos extraordinarios ya el doctor Alzate Avendaño, en su momento,  había dejado su testimonio cuando las partes interesadas se inventaron el plebiscito de 1957 para repartirse el poder a su antojo. No obstante, hubo oídos sordos. Tal fue la arbitrariedad que a nadie se le patrocinó  la campaña en contra de la propuesta; la única alternativa era el Sí. Precedentes históricos: la Convención de Ocaña fracasó porque se quiso imponer el criterio personal y no institucional, violando normas fundamentales de la constitución de 1821

No hay que pensar que se trató de una improvisación, al parecer todo estaba fríamente calculado. ¡Había que burlar a la Corte Suprema y de ahí que los abogados, cómplices como siempre, encontraron argumentos para justificar la enmienda encargada a una Asamblea elegida con fundamento en un decreto de Estado de Sitio, el 1826 de 1990, expedido por Gaviria el “revolcador”!

Tres intentos de reforma, fracasados, el último por la influencia del narcotráfico, saturaron el ambiente y justificaron el acudir a fórmulas extraordinarias. Pero nada consiguieron, de todas maneras, la extradición quedo prohibida. ¿Por qué?

Por un error en el cálculo del tiempo necesario para revolcar la Carta de 1886, la discusión se hizo a toda marcha y sin mayor oportunidad para profundizar; en una cordial subasta: yo legislo, tú legislas, nosotros legislamos. Como en cualquier sociedad de mutuos elogios, cada quien hizo suyo un artículo y, finalmente, se le dejo a la comisión redactora la tarea de recopilar el desorden. Una tarea encomendada a un hombre honesto, el abogado Jacobo Pérez Escobar.

El 4 de julio, último día del periodo concedido a los improvisados constituyentes, se cerró el compromiso con una ceremonia en la que se firmó una hoja en blanco y que más tarde se llenó con los artículos que los amanuenses recopilaron. De todas formas, el texto sigue en blanco.

El divorcio entre el papel escrito y la realidad política es irreconciliable, tanto que la Corte Constitucional nada ha podido hacer para limar las diferencias y es por ese lamentable conflicto que se han producido todas las enmiendas sufridas y las que vienen.

Bueno es recordar que la espuria Asamblea de 1991 se convocó para que se ajustara la estructura política y así alcanzar la justicia y la paz. Ninguna de estas metas se ha alcanzado y la que persigue sin descanso al presidente Santos corre el riesgo de que fracase por el odio que su contrincante, el chalán de ubérrimo, le tiene a él y a sus propósitos.