Colombia se retiró de una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la restricción de los derechos políticos en el país sudamericano, vinculada al caso del destituido alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

La audiencia debía versar de manera general sobre el marco jurídico y las prácticas en Colombia para restringir derechos políticos, pero la delegación colombiana señaló que su intervención habría afectado la defensa del Estado en el caso contra Petro, actualmente en proceso ante la CIDH.

Según Adriana Guillén, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado colombiano, "las consideraciones jurídicas que el Estado exprese de manera general en este escenario pueden tener incidencia directa" en el caso del alcalde.

La Procuraduría colombiana ordenó en diciembre la destitución e inhabilitación política de Petro por 15 años, tras acusarlo de irregularidades en la reforma del sistema de recolección de basura.

Petro denunció su caso ante la CIDH, que dictó la semana pasada medidas cautelares en su favor. Sin embargo, el presidente Juan Manuel Santos siguió adelante con la destitución y designó un ministro como alcalde interino de Bogotá.

"El Estado se reserva el derecho a presentar sus argumentos y sus posiciones en el marco de las etapas y las instancias procesales previstas" en el sistema de la CIDH, añadió Guillén ante el organismo.

Seguidamente, ella y el resto de la delegación del Estado colombiano se retiraron de la sala.

"Lamentamos mucho que no nos escuchen y no nos hayan permitido responderles", replicó Carlos Rodríguez, de la asociación de defensa de los derechos humanos Minga.

En su cuenta de Twitter, Petro denunció el retiro de la delegación del gobierno como una "confesión de arbitrariedad".

El Estado colombiano había solicitado cancelar la sesión de este lunes, pero la CIDH la mantuvo en pie.

Sin mencionar el caso de Petro, los peticionarios denunciaron el marco jurídico colombiano, en especial las atribuciones de la Procuraduría ,órgano administrativo que puede ordenar la destitución e inhabilitación política de cualquier funcionario del Estado.

"Hay un régimen legal que evidentemente va en contravía de las oportunidades para el ejercicio de los derechos políticos", dijo Rodríguez.

Esa "falencia constitucional rompe el sistema de pesos y contrapesos", advirtió Liliana Ávila, de la organización Comisión de Justicia y Paz.