La determinación del Gobierno nacional para buscar una solución negociada al conflicto armado, la implementación de normas para resarcir a los afectados por este hecho como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron, entre otras acciones, destacadas por la alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en el informe anual 2013 sobre Colombia, el cual fue hecho público ayer en Ginebra, Suiza.

En ese sentido, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos destacó que muchas de las violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado podrán terminarse o aminorarse si los progresos en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana, Cuba, conducen  a la elaboración de acuerdos bien concebidos e implementados.

El informe señala que “de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de prevenir futuras violaciones; por lo tanto, existe la necesidad de poner fin al conflicto armado”.

Añade que habida cuenta del enorme número de afectados,  5.966.211 inscritos a diciembre pasado en el Registro Único de Víctimas, “la respuesta prevista por el Estado es necesariamente ambiciosa, especialmente en el ámbito de la reparación. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos-Colombia reconoce los esfuerzos realizados en los dos primeros años de aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en particular por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras”.

En este último aparte la comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “reconoce los considerables esfuerzos realizados hasta la fecha por la Unidad de Restitución de Tierras y los jueces y magistrados especializados, ya que, entre diciembre de 2011 y octubre de 2013, se dictaron 277 sentencias”.

Además la sección de Naciones Unidas “reconoce los esfuerzos desplegados por el Gobierno para aplicar sus recomendaciones anteriores y las del sistema internacional de derechos humanos en su conjunto, y lo insta a mantenerlos y redoblarlos”.

Indicó también que el año 2013 se caracterizó por las masivas protestas sociales organizadas por diversos sectores de la sociedad como los agricultores, los mineros, que incluso derivaron en paros y bloqueos de vías como en la región del Catatumbo, solicitando entre otros, la reorientación de la agenda económica del país. “Estas manifestaciones y el modo razonable en que se llevaron a cabo (en la mayoría de los casos) confirmaron que existe un espacio político para las protestas democráticas en Colombia”, considera.

Añadió que “todas las protestas culminaron en acuerdos y procesos negociados con el fin de atender las peticiones de las y los manifestantes”.

Reparos

El sistema nacional de derechos humanos, establecido en noviembre de 2011, es un importante avance institucional y tiene por objeto la definición de objetivos y responsabilidades comunes mediante la creación de bases de referencia e indicadores para medir el logro de los objetivos, destaca el informe. Sin embargo señala que “la falta de coordinación entre esas instituciones y su escasa voluntad para asumir la responsabilidad por las violaciones de los derechos humanos impide el logro de nuevos avances en materia de derechos humanos”.

Igualmente, la alta Comisionada Navi Pillay resaltó que “el Estado dispone de una sólida arquitectura de derechos humanos que, sin embargo, es más accesible en las zonas urbanas que en las rurales”. Al respecto explica que mientras en Medellín, la Personería funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con una plantilla de aproximadamente 60 personas. Por el contrario, el 90% de los personeros que a menudo deben hacer frente a las situaciones de derechos humanos más complejas, trabajan en sus municipios sin apenas recursos, por lo general con recursos materiales y humanos totalmente insuficientes.

Añadió que el Gobierno incluyó la seguridad ciudadana en la agenda nacional mediante el establecimiento de la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana en 2010, así como por medio de la elaboración y aplicación parcial de una política nacional en 2011 y la consolidación del concepto como uno de los pilares de la Policía Nacional. “No obstante, todavía queda mucho por hacer para que el Estado en su conjunto conciba la seguridad como una situación en la que las personas viven libres de la amenaza de la violencia y la delincuencia, y donde las instituciones tienen la capacidad de garantizar y proteger los derechos”.

Agrega que “en la Colombia posterior al conflicto, habrá que ampliar y reforzar la Policía Nacional y reducir al mínimo la participación del Ejército en las actividades de seguridad ciudadana con medidas de reglamentación y supervisión. Además, habrá que reformar los sistemas de control de armamentos y de supervisión de la seguridad privada”.

Igualmente señala que la Oficina del Representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos siguió documentando casos de agresiones, amenazas, vigilancia ilegal y robo de información a defensores de los derechos humanos. En la mayoría de los casos, estos actos fueron atribuidos a grupos post-desmovilización.

Sobre el particular indica que en diciembre pasado esta oficina había confirmado 39 asesinatos de defensores de los derechos humanos, de los que 3 eran mujeres. Entre las víctimas había reclamantes de tierras, dirigentes de comunidades rurales, autoridades indígenas y militantes contra proyectos de minería e industria a gran escala. Aproximadamente 36 de esos defensores vivían o trabajaban en zonas rurales. Doce recibieron amenazas de muerte antes de ser asesinados y al menos 22 parecen haber sido asesinados sin amenazas previas. La información disponible indica que apenas 2 de los asesinados disfrutaban de medidas de protección del Estado.

El informe señala también que no obstante las conversaciones de paz, las violaciones de los derechos humanos relacionados con el conflicto persistieron el año anterior, especialmente por parte de los grupos guerrilleros.

En tanto que asegura que la violencia y el control social de los grupos post-desmovilización y organizaciones delictivas siguen afectando a toda la gama de derechos humanos de la población, y en particular los de los defensores de los derechos humanos, dirigentes comunitarios, funcionarios públicos, agentes de policía y reclamantes de tierras.

“La Alta Comisionada encomia los considerables esfuerzos realizados por las autoridades para desmantelar los grupos post-desmovilización. Sin embargo, la gravedad del problema y la probabilidad de que un acuerdo de paz desate nuevos actos de violencia por y entre estos grupos requiere un enfoque más amplio y sólido que combine la seguridad y la justicia con medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social a todos los niveles”.

Recomendaciones

. Recuerda a todas las partes en el conflicto armado que las medidas de justicia de transición solo podrán ser un instrumento eficaz si las instituciones y las personas interesadas demuestran un verdadero compromiso con la verdad, el restablecimiento de los derechos de las víctimas y la reconciliación.

. Insta al Gobierno a que implemente un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas que esté observado por terceros, para garantizar la plena implementación de los acuerdos alcanzados tras las protestas públicas.

. Recomienda que, con respecto a la lucha contra la impunidad por las violaciones de los derechos humanos y los delitos cometidos contra los defensores de los derechos humanos, la Fiscalía General establezca nuevos y claros objetivos, parámetros e incentivos sobre el desempeño interno que se basen en el número de sanciones judiciales emitidas y no en el número de investigaciones iniciadas.

Pide al Gobierno que colabore con el ACNUDH-Colombia para documentar de qué manera la cooperación con el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas ha contribuido a la evolución de la situación de los derechos humanos en el país durante los últimos 16 años, y para determinar las mejores prácticas, a fin de compartirlas con la comunidad internacional.