La clase política y grupos sociales expresaron su mayoritario respaldo a las "exploraciones" de paz con las Farc que confirmó el presidente Juan Manuel Santos, pero que fueron recibidas con recelo por sectores militares y afines al expresidente Álvaro Uribe.

Las reacciones políticas se han dividido entre los que confían en la capacidad de Santos para manejar esta espinosa cuestión y los que, subrayando su apoyo a la búsqueda de la paz, han manifestado sus dudas ante la escueta información que proporcionó el presidente en su anuncio de la noche del lunes.

El expresidente Ernesto Samper (1994-1998) aplaudió la discreción de Santos y valoró especialmente su posición de no repetir "los errores del pasado".

Esa postura sugiere "que el próximo proceso debe ser mucho más discreto, que no es lo mismo que secreto, y que debe ser corto. El país no se puede exponer a un proceso demasiado largo por los costos que se están pagando en derechos humanos", afirmó Samper en entrevista con la AFP.

Las últimas negociaciones de paz con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas) se desarrollaron por cuatro años en una zona desmilitarizada de 42.000 km2 en la región del Caguán (sureste), hasta su ruptura en febrero de 2002.

En su mensaje a la nación, Santos informó que su gobierno lleva a cabo "conversaciones exploratorias" con miras a un diálogo de paz con la guerrilla más antigua del continente que se llevaría a cabo sin interrumpir los operativos y la presencia militar en todo el territorio.

El mandatario no confirmó la hoja de ruta del proceso ni los temas a discutir.

En Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, valoró este martes "el avance que constituye este acercamiento" y ofreció el apoyo de su institución.

También ofrecieron su respaldo a Santos el presidente del Congreso, Roy Barreras -del oficialista Partido de la U- y los líderes del Partido Liberal y de los izquierdistas Polo Democrático Alternativo y movimiento Progresistas.

Igualmente apoyaron al presidente la Confederación General del Trabajo (CGT), representantes de la Iglesia Católica y de ONG como Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), que lidera la exsenadora liberal y mediadora ante las FARC Piedad Córdoba, que invitó a "la comunidad internacional de Estados Unidos, la Unión Europea, Unasur para respaldar" el proceso.

De acuerdo con versiones periodísticas, la mesa de negociaciones entre el gobierno y la guerrilla se instalaría en octubre en Oslo (Noruega) y después se trasladaría a Cuba, aunque este extremo no fue confirmado por Santos ni por los dos gobiernos extranjeros.

Desde el Partido de la U, que reúne a seguidores de los ahora enfrentados Santos y Uribe, algunas voces reclaman al mandatario más concreción del contenido de los diálogos y advierten que la sociedad colombiana no está dispuesta a asumir la "impunidad" para guerrilleros responsables de delitos de lesa humanidad.

"Si los colombianos sienten que para lograr lo que se llama la paz tenemos que asumir que personas que han violado los derechos humanos queden impunes, creo que lamentablemente vamos a un segundo Caguán", declaró el parlamentario del Partido de la U Miguel Gómez al aludir al fracasado diálogo de hace una década.

El expresidente Uribe, muy crítico con la política de seguridad de su sucesor, rechaza los diálogos y defiende la intensificación de la ofensiva militar contra los rebeldes ante el recrudecimiento de la violencia que observa en el país, aunque hasta ahora no ha reaccionado al anuncio de Santos.

Exgenerales retirados del Ejército también han expresado su escepticismo sobre la pertinencia de las conversaciones cuando las FARC, ante su acentuada pérdida de control territorial en los últimos años, ha desarrollado una nueva estrategia de ataques selectivos con explosivos que causa estragos entre las fuerzas de seguridad y la población civil.

El general retirado Harold Bedoya señaló el lunes a la emisora Caracol Radio que si se abre una negociación en este momento se haría bajo las condiciones impuestas por la guerrilla.