Aunque se mantuvo parte del límite al occidente de San Andrés como quería Colombia, a quién atribuyó todos los cayos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) extendió ayer la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe.
En un fallo inapelable, la CIJ fijó buena parte del trazado de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, que los dos países se habían comprometido de anteman o a acatar, al término de décadas de disputa bilateral.
"Ya superamos una etapa, los abogados nuestros están contentos", le dijo a la agencia France Press (AFP) el canciller de Nicaragua, Samuel Santos.
El excanciller Julio Londoño, que encabezaba la delegación colombiana, fue algo más circunspecto al declarar a la prensa que "tenemos que estudiar cuidadosamente el fallo" (ver recuadro).
La decisión de los 15 jueces de la corte mundial, principal órgano judicial de la ONU con jurisdicción universal, fue presentada en La Haya en una exposición de unas dos horas por el presidente del tribunal Peter Tomka.
"La Corte concluye que Colombia y no Nicaragua, tiene soberanía" sobre los islotes en disputa, precisó Tomka. Se trata de los cayos Albuquerque, Bajo Nuevo, Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla.
El otro aspecto de la disputa, la delimitación de la frontera marítima, extendió la jurisdicción de Nicaragua al este del meridiano 82 hasta donde Colombia la ejerce actualmente. Favoreció así a Managua para compensar lo que consideró una "disparidad importante" que beneficia a Bogotá.
Tomka detalló las coordenadas del complejo trazado de la nueva frontera que extiende hacia el este la soberanía de Nicaragua pero mantiene una lengua de jurisdicción colombiana a la altura de las islas de San Andrés y Providencia, así como en un radio de solo 12 millas náuticas alrededor de los cayos colombianos de Serrana y Quitasueño, ricos en peces, langostas y caracoles.
La Corte no precisó el total de la extensión marítima atribuida finalmente a cada país, ya que en dos sectores se trata de una frontera que quedó sin definir hacia el este: los magistrados se negaron a pronunciarse más allá de las 200 millas de las costas.
El diferendo había iniciado en 1928 cuando Managua cedió a Bogotá las islas San Andrés y Providencia con la firma del tratado Bárcenas-Meneses Esguerra, que fue ratificado en 1933 cuando el país estaba intervenido por Estados Unidos.
En 1969 Colombia pretendió establecer su límite con Nicaragua en el meridiano 82, que Managua rechazó alegando que el tratado no fijó límites y que esa decisión cercenaba su plataforma continental en el Caribe. En 1980, Nicaragua declaró nulo el tratado.
En diciembre de 2001, Nicaragua denunció a Colombia ante la CIJ su soberanía sobre el archipiélago. Seis años más tarde, el tribunal reconoció la soberanía colombiana sobre las tres islas pero se declaró competente para dirimir la delimitación marítima entre los dos países y definir la soberanía de los cayos.
En 2007 la CIJ desestimó las objeciones de Colombia acerca de que no era competente para conocer del caso y determinó que no juzgaría sobre la posesión de las islas San Andrés, Santa Catalina y Providencia, confirmando la soberanía colombiana, pero sí sobre los límites marítimos.
La Haya cometió errores graves: Santos
Aunque el Jefe de Estado dijo que la decisión de la Corte era inapelable, enfatizó que lideraría defensa de los derechos de Colombia teniendo como base lo dicho por la Constitución sobre la fijación de nuestras fronteras. No precisó exactamente a qué recursos se acudiría. Aquí su alocución
“La Corte Internacional de Justicia, en un fallo emitido hace unas horas, ha decidido la demanda de Nicaragua contra Colombia.
En tres oportunidades Nicaragua trató de apropiarse del archipiélago colombiano: en 1913, cuando lo reclamó por primera vez en la historia; en 1980 cuando, en un hecho sin precedentes, declaró nulo e inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas, y – finalmente– en el 2001, cuando presentó la demanda contra nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia.
Hoy (ayer) esta Corte rechazó las pretensiones de soberanía de Nicaragua sobre nuestro archipiélago.
Es un fallo definitivo e inapelable en este tema”.
Política de Estado
“La posición de Colombia ha sido una política de Estado, definida sin interrupciones por los diferentes gobiernos, sin importar su filiación política.
Desde que en 1969 se planteó nuevamente la controversia con Nicaragua, once gobiernos sucesivos hemos defendido consistentemente la posición de Colombia en este asunto.
Pocas veces se ha actuado en nuestro país en forma tan concertada y uniforme durante tantos años, y nosotros, desde cuando asumimos el Gobierno, mantuvimos el camino jurídico trazado.
Cerca de 50 sesiones de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se han llevado a cabo sobre esta materia. Ella ha sido permanentemente informada y consultada.
En el día de hoy (ayer) he escuchado sus opiniones y sabios consejos.
Es una instancia que, por supuesto, seguiremos consultando.
Además, se adelantaron centenares de reuniones con las fuerzas vivas del país y del Archipiélago, y con destacados juristas con gran experiencia y reconocimiento a nivel mundial.”
Lo que no logró Nicaragua
“Nicaragua, inicialmente, reclamó la soberanía sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, incluyendo todas sus islas y sus cayos.
Hoy (ayer) la Corte le dio la razón a Colombia, no accediendo a la pretensión de Nicaragua, y ratificando la soberanía de Colombia sobre la totalidad del Archipiélago.
Pero es más: aclaró que todos los cayos del Archipiélago –repito: la totalidad de los cayos–, es decir, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla, Bajo Nuevo, Este-Sureste y Albuquerque, pertenecen a Colombia.
Nicaragua también pedía que el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 –a través del cual dicho país reconoció la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago– fuera declarado inválido.
Hoy (ayer) la Corte ratificó que dicho tratado es válido y vigente.
Además, Nicaragua pidió que se declarara que Colombia había incumplido el tratado y solicitó que se señalara a nuestro país responsable por ello.
Esta pretensión también fue rechazada por la Corte.
Nicaragua, en el 2009, alegó la existencia de una plataforma continental extendida.
Pretendió que la Corte le reconociera 350 millas de plataforma, 150 millas más de lo que se ha otorgado normalmente a los Estados.
Además, Nicaragua pidió que se reconociera un límite marítimo al oriente de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina –que quedarían absolutamente encerradas por aguas nicaragüenses–, un límite que estaría a tan sólo unas 100 millas de la costa de Cartagena.
La Corte tampoco accedió a estas pretensiones.
Concedió a Nicaragua parcialmente 200 millas en algunas áreas al norte y al sur del Archipiélago, invocando las reglas del nuevo Derecho Internacional del Mar.
No obstante, rechazó la posición de Nicaragua de encerrar el Archipiélago de San Andrés, y de trazar una línea de delimitación marítima entre el Archipiélago y la costa Caribe colombiana.
Con esta pretensión Nicaragua buscaba cortar el vínculo entre nuestras islas y la Colombia continental, lo cual por fortuna no sucedió”.
Cinco puntos a favor
“En resumen, la Corte ratificó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la validez y vigencia del tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua, que Nicaragua pretendía desconocer.
En segundo lugar, reconoció que todos los cayos del Archipiélago –todos- son de Colombia, tal como alegaba nuestro país, y en contra de lo que solicitaba Nicaragua.
En tercer lugar, le reconoció mar territorial a cayos como Serrana y Quitasueño.
En cuarto lugar, le reconoció al Archipiélago derechos de plataforma continental y de zona económica exclusiva.
En quinto lugar, el vínculo entre el Archipiélago y el continente colombiano se mantiene, y Nicaragua no logró que el Archipiélago quedara aislado del territorio continental de Colombia”.
Graves errores
“La Corte abordó también otro tema: la delimitación marítima entre Nicaragua y Colombia.
Como recordarán, en el año 2007 la Corte de La Haya determinó que el meridiano 82 –que por mucho tiempo los colombianos habíamos considerado como el límite marítimo entre Nicaragua y Colombia– no era en realidad un límite marítimo sino una línea de referencia, y, por lo tanto, se declaró competente para establecer la delimitación marítima entre los dos países.
La Corte, en su fallo de hoy (ayer), traza una línea que empieza al occidente del Archipiélago, entre nuestras islas y la costa de Nicaragua.
Si bien esto es positivo para Colombia, la Corte, al trazar la línea de delimitación marítima, cometió errores graves que debo resaltar, y que nos afectan negativamente.
Equivocadamente, en lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago.
No estamos de acuerdo con que la Corte se haya salido del ámbito cobijado por el tratado, que ella misma había declarado válido y vigente.
Además, la Corte extendió la línea de delimitación marítima hacia el oriente hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense.
Esto significa una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas.
Adicionalmente, contradiciendo una doctrina histórica del derecho internacional, al establecer el límite hacia el oriente del Archipiélago, desconoció otros tratados de límites suscritos por Colombia.
A partir de allí se crea toda una serie de complejidades entre los países del Caribe, que nos obliga a trabajar con los Estados vecinos también afectados para resolverlas.
Tampoco se tuvieron en cuenta circunstancias a las que se ha debido dar peso, tales como consideraciones de seguridad y acceso equitativo a los recursos naturales.
Inexplicablemente –después de reconocer la soberanía de Colombia sobre todo el Archipiélago, y de sostener que éste, como una unidad, generaba derechos de plataforma continental y zona económica exclusiva– la Corte ajustó la línea de delimitación, dejando los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo separados del resto del archipiélago.
Esto es inconsistente con lo que la propia Corte había reconocido, y no es compatible con la concepción geográfica de lo que es un archipiélago.
Todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar.
Defensa y Constitución
“Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia -representada por su Jefe de Estado- rechaza enfáticamente ese aspecto del fallo que la Corte ha proferido en el día de hoy (ayer).
Por esto, no vamos a descartar ningún recurso o mecanismo que nos conceda el derecho internacional para defender nuestros derechos.
El Gobierno respeta el derecho pero considera que la Corte ha incurrido en este tema en serias equivocaciones.
A mí me eligieron, ante todo, para defender y hacer cumplir la Constitución de Colombia. Ese fue mi juramento.
Dentro de esos deberes constitucionales, está proteger y garantizar los derechos de los colombianos, y honrar los tratados que Colombia ha suscrito con otros países del Caribe.
El artículo 101 de nuestra Carta dice que 'los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República'.
La Corte Constitucional ha dicho que estos tratados –es decir, los que se refieren a las fronteras y límites de Colombia– deben ser aprobados por reforma constitucional.
Como Presidente, tengo la obligación de respetar este mandato de la Constitución, lo que decidió la Asamblea Constituyente en 1991 y lo que ha dicho la Corte Constitucional.
De lo anterior se derivan claros obstáculos que hacen compleja y difícil la aplicación de algunos aspectos de la delimitación marítima trazada hoy (ayer) por el fallo de la Corte de La Haya.
Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes.
Como Jefe de Estado lideraré la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, y en especial de los habitantes del Archipiélago.
Para lograrlo, necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución”.
Derechos, no soberanía
“Soy el primero en reconocer las repercusiones que tiene esta nueva delimitación marítima para el país y los colombianos y, en particular, para los sanandresanos y los pescadores de las islas.
Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente.
Los sanandresanos pueden tener la seguridad de que defenderemos, con absoluta firmeza, los derechos de los isleños y de todos nuestros compatriotas.
Así se ha hecho no sólo durante estos 11 años de litigio, sino durante siglos de historia de nuestro país.
Es cierto que los derechos marítimos son distintos a los derechos de soberanía.
Hay que anotar que, al trazar el límite, la Corte advirtió que esta nueva línea de delimitación 'sólo da derechos específicos en lugar de soberanía' a Nicaragua.
Como los derechos específicos son limitados, la Corte también resaltó que esta nueva línea "no afecta los derechos de navegación" de los colombianos.
Por ejemplo, los habitantes de San Andrés tienen derecho de transitar libremente hacia Quitasueño, Serrana, Serranilla y Bajo Nuevo y viceversa, y a derivar sustento de la pesca dentro del área reconocida por la Corte.
Hoy quiero decirles a los sanandresanos que nos comprometemos a encontrar mecanismos y estrategias concretas, y con resultados –incluso negociando los tratados que sean necesarios–, para que no se desconozcan en ningún momento sus derechos.
Y vamos a trabajar con los pobladores del Archipiélago pues somos conscientes de sus realidades y actividades de pesca.
Esta misma noche (anoche) dormiré en San Andrés, y mañana (hoy) me reuniré con los dirigentes y representantes de la comunidad, para evaluar no sólo esta situación sino el avance de otros compromisos que el Gobierno nacional ha hecho con nuestro departamento de ultramar.
Con el Consejo de Ministros, que sesionó en San Andrés hace unos meses, establecimos todo un plan para el departamento con las autoridades del Archipiélago; vamos avanzando en él, y estamos comprometidos a sacarlo adelante.
Ahora inicia un periodo de trabajo y concertación entre los poderes públicos para analizar los efectos del fallo –en particular frente a nuestra Constitución– y obrar en consecuencia.
Como Jefe de Estado lideraré este proceso dentro de un espíritu de colaboración armónica entre los poderes.
El equipo jurídico que nos representó ante la Corte de La Haya y los equipos de trabajo de la Cancillería, durante los diferentes gobiernos, representaron con altura y con empeño los intereses de Colombia, y así debemos reconocerlo.
Compatriotas, pueden tener la seguridad de que obraremos respetando las normas jurídicas –como ha sido la tradición de nuestro país– pero también defendiendo con firmeza y determinación los derechos de todos los colombianos”.
(Intertítulos EL NUEVO SIGLO).
“Es evidente que existe una contradicción de este fallo con nuestra Carta Fundamental y con varios tratados internacionales vigentes”
“Como los derechos específicos son limitados, la Corte también resaltó que esta nueva línea no afecta los derechos de navegación de los colombianos”.
Declaración de Julio Londoño
“La Corte Internacional de Justicia ha ratificado la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Igualmente ha ratificado el Tratado de 1928 entre Colombia y Nicaragua, que Nicaragua pretendía desconocer.
De la misma forma, ha reconocido que la totalidad de los Cayos del Archipiélago de San Andrés y Providencia pertenecen a Colombia, incluyendo el Cayo de Quitasueño, por el cual consideraba que tenía jurisdicción como parte de su plataforma continental.
De la misma manera, la Corte Internacional de Justicia ha rechazado la posición de Nicaragua de enclavar el Archipiélago de San Andrés y trazar una línea de delimitación marítima entre el Archipiélago y Cartagena, como era su pretensión.
No obstante todo esto, tenemos que estudiar cuidadosamente los detalles del fallo para trasladarlos al Gobierno Nacional, que tomará las decisiones que considere adecuadas después de un análisis cuidadoso que se realice al respecto”.
“Victoria nacional"
Nicaragua celebró un fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que le otorga como zona económica exclusiva decenas de miles de kilómetros cuadrados en el mar Caribe en disputa con Colombia, que por su lado obtuvo la soberanía sobre 6 cayos y aguas adyacentes.
Frente a miles de personas y acompañado de exmandatarios y excancilleres, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, celebró el fallo que calificó de "victoria nacional".
El mandatario nicaragüense destacó que en medio de todas las contradicciones, "hoy es un día de la Patria, de unidad nacional, un día de victoria nacional de todos los pobladores"
El gobernante nicaragüense lamentó la actitud del gobierno colombiano y criticó la posición de Santos al no aceptar la decisión de La Haya, y la calificó de "irrespeto al derecho internacional", recordando que Colombia por años explotó los recursos en las que la Corte hoy ha reconocido la soberanía de Nicaragua.
“Santos no es autoridad suprema en derecho internacional para juzgar a la Corte”, comentó Ortega.
Desde la Plaza de la Revolución de Managua, Ortega dijo que antes del fallo “nos tenían arrinconados en nuestras costas” y anunció que espera que las palabras del presidente Santos no pasen de ser “más que un discurso del momento”.
A este acto se hicieron presentes los expresidentes Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños; el exministro de la Presidencia en el gobierno de Violeta Barrios, Antonio Lacayo; los excancilleres Enrique Dreyfus, Norman Caldera, Eduardo Montealegre y Francisco Aguirre; y los jefes del Ejército, general Julio César Avilés, y de la Policía Nacional, primer comisionada Aminta Granera.
Ortega recordó que la victoria en La Haya fue un largo camino iniciado durante el primer gobierno revolucionario, al que le dieron continuidad los gobiernos siguientes y que hoy está culminando con este Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
"Lejos del meridiano 82” la CIJ “ha movido la frontera hasta el 79”, dijo en Managua el experto en derecho internacional, Mauricio Herdocia, agregando que “nosotros anunciamos que el mapa de Colombia iba a cambiar radicalmente".
La sentencia del alto tribunal internacional "dejó libres los espacios de Nicaragua" a su salida al mar, dijo Herdocia.
Con este fallo "nuestros pescadores y embarcaciones que eran impedidos e intimidados por Colombia de navegar esos espacios ahora pueden hacerlo", añadió.
Para el excanciller Caldera, "Colombia quería encerrarnos en el meridiano 82 y más allá de lo que Nicaragua quería de que en el fallo se enclavaran todas las islas al igual que hizo con los cayos Serrana y Quitasueño".
La Corte les dio salida al Caribe con un sentido de equidad y tomando una consideración de conexión con Colombia, expuso Caldera.
No obstante se abrió una herradura de salida de Nicaragua al norte y al sur del archipiélago y al desaparecer la frontera del meridiano 82, Nicaragua ahora tendrá fronteras en el Caribe con Panama y Jamaica, indicó el ex funcionario.
Partidos piden responsabilidades
Liberales citarán hoy a la Canciller a debate de control político.
Colombia perdió lo más importante que es la riqueza marítima, según lo expresaron dirigentes políticos al lamentar el fallo.
Con algunos contrastes, pues mientras el conservatismo rodeó al Gobierno, los liberales anunciaron un debate de control político en el Congreso, las colectividades consideraron pertinente que se asumen responsabilidades.
Desconcertante: conservadores
En medio de las recriminaciones de otras colectividades, el Partido Conservador rodeó al Gobierno en las decisiones y acciones que deberá iniciar a partir del fallo, que calificó como desconcertante.
“Estamos desconcertados por esta pérdida de soberanía marítima de Colombia, la cual es a nuestro criterio injusta ya que no solo deja territorio soberano aislado, sino que afectará la actividad de nuestros pescadores” afirmó el senador Efraín Cepeda, presidente del Directorio Nacional Conservador.
Cepeda le dijo a EL NUEVO SIGLO que “realmente estamos sorprendidos con algunos a partes de ese fallo. Eso es como ir de una habitación a otra de su vivienda” y que “se tenga que pedir permiso al vecino. Atravesar un mar que no es colombiano. Es una perdida mayor somos 100.000 kilómetros cuadrados y realmente estos fallos de la Corte Internacional de la Haya, hay que acatarlo porque es de última instancia. Pero decimos que algunos a partes del fallo son absurdos”.
Recriminaciones
Por considerar que los colombianos merecen saber qué pasó con la estrategia jurídica que llevó a que Colombia perdiera ante el Tribunal de La Haya una gran porción de área marítima, el Partido Liberal pedirá hoy ante la plenaria de la Cámara que sea citada la canciller María Ángela Holguín.
"Colombia tiene aún muchas preguntas sobre el por qué de esta derrota. Necesitamos establecer quiénes y en qué momento cometieron desaciertos que hoy lamentamos. Pero además, los isleños tienen muchas incertidumbres respecto a cuál va a ser su futuro económico y laboral, especialmente los pescadores. Cómo se evitará que la pérdidas de esas zonas impacte negativamente la región", expresó el presidente de la Dirección Nacional Liberal, Simón Gaviria.
“Es un sentimiento agridulce”, declaró el representante antioqueño Óscar de Jesús Marín, del Partido Liberal, integrante de la Comisión Segunda de la Cámara, encargada de los temas de política internacional.
“De todas maneras es importante de una vez por todas que exista un límite plenamente identificado. Para que no estemos al vaivén de que cada vez que Nicaragua cambia de Presidente, o cada vez que les dé el arrebato ponen una demanda. Eso genera mucha incertidumbre. En cuanto soberanía nos fue bien pero en delimitación de la frontera marítima nos queda el sabor agridulce”, anotó.
El senador Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), sostuvo que aunque “confirmaron la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y sobre los cayos, esto es un tarascazo terrible para el país. Por eso creo que Colombia no se puede quedar con los brazos cruzados. Se advierten enormes dificultades en esa sentencia, por lo cual el gobierno debería estudiar la posibilidad de presentar una demanda de aclaración frente al fallo, que está contemplada en los estatutos y reglamentos de la Corte Internacional y estudiar la posibilidad de buscar una revisión si algún hecho no fue considerado por la Corte, pueda tener una modificación hacia el futuro”.
Por su parte el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, expresó que “es una tranquilidad de que el archipiélago en su integralidad se mantenga bajo la soberanía de Colombia. Pero de todas maneras ha causado mucha preocupación la perdida de una porción importante de mar sobre el cual Colombia venía ejerciendo una soberanía y que tiene. La mayor riqueza es el mar, porque ahí están los bancos de pesca. Hay que estudiar con calma el fallo para mirar las cusas. Ante la Corte de La Haya no le queda ningún recurso”.
Cambió el mapa
Desde la oposición, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, señaló que “es un desastre para Colombia, porque la pérdida de mar territorial es inmensa. Perdimos la mitad del área y esas son grandes riquezas. Lo que queda es mirar las responsabilidades. Lo cierto es la Corte cambia el diseño del tratado”.
“Cambió el mapa de Colombia”, dijo por su parte Clara López, presidenta del Polo: “Perdimos alrededor de cinco mil kilómetros cuadrados de mar precisamente ahí donde ejercen sus actividades de pesca los sanandresanos y en donde se dice además que pueden haber importantes depósitos de petróleo”.
“Nuestro corazón y solidaridad se extiende a la población raizal de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y demás cayos de las islas que siempre han reivindicado su colombianidad y que hoy siente que le han amputado una parte de ella”, puntualizó.
Un error ir a la CIJ: Gómez
El magistrado Gustavo Gómez, presidente del Consejo de Estado, consideró que fue un error ir al tribunal de La Haya para que allí se pronunciaran sobre "un título que nadie cuestionaba y que tenía plena soberanía porque eran los dos países quienes lo habían acordado", en referencia al tratado Esguerra-Bárcenas.
Habitantes de San Andrés indignados y preocupados
Con una mezcla de indignación y preocupación recibieron los habitantes del departamento de San Andrés el fallo de La Haya.
En la cooperativa de pescadores de San Andrés, que agrupa a unos 400 trabajadores, se rechazó esta decisión porque el gremio considera que el área marítima otorgada a Nicaragua es donde hay mayor producción de pescado.
“Lo que le quedó a Colombia de pesca es muy poco y nos perjudica bastante”, señaló uno de los pescadores.
Aury Guerrero, gobernadora de San Andrés, explicó que ahora lo que viene para la isla es revisar el fallo y tomar medidas sobre todo en lo que tiene que ver con la pesca industrial y artesanal.
El historiador sanandresano Ken Francis le había explicado hace poco a la Radio Nacional que esa área entregada a Nicaragua es conocida como “la esquina de la Luna Verde”, de donde se extrae el 70 por ciento de la pesca de la isla.
Francis destacó que dicha área es de donde se da la mayor pesca de langosta y caracol del país y que, por tanto, su otorgamiento pone en jaque la economía de la isla.
La gobernadora Guerrero lamentó la pérdida de territorio marítimo que supone para Colombia el fallo.
"Ha sido una preocupación y se convierte ahora en una realidad porque se ha cedido y se ha perdido mar territorial en lo que al departamento insular se refiere", dijo la gobernadora.
"Todo punto hidrográfico que se trace antes al Meridiano 82 habla de una pérdida", subrayó Guerrero.
La gobernadora subrayó que en una porción de mar que ahora pasa a soberanía nicaragüense se ubica un gran banco de pesca.
"Esa era la línea media sobre la que teníamos cierta inquietud y que nos estaba generando zozobra en lo que se refiere a la pesca, especialmente la industrial, sin dejar de contemplar la pesca artesanal, que podría tecnificarse y generar procesos de desarrollo" entre los habitantes de las islas, dijo.
La mirada del Gobierno nacional "tiene que ser diferente, tiene que ser distinta, tiene que ser coherente, y como la hemos venido sintiendo hasta ahora, tienen que reforzarse los criterios con los que se vincula a la sociedad raizal en estos procesos", concluyó.
Comisión Asesora explora caminos
Aunque Comisión Asesora de Relaciones Exteriores no se había pronunciado oficialmente al cierre de esta edición, algunos de sus miembros expresaron que buscarán recomendar caminos jurídicos al Gobierno.
El senados Juan Lozano, de La U, dijo que “el Gobierno no debería quedarse con los brazos cruzados, porque además de las acciones para expresar todo el compromiso con San Andrés hay caminos jurídicos, tanto los reglamentos de la Corte Internacional como el estatuto contemplan la posibilidad de que se presente una demanda de aclaración. Lo que hemos visto en este fallo es un conjunto de contradicciones a los derechos que tenía Colombia. Dejan a salvo la soberanía frente al archipiélago, frente a los cayos, dejan en vigencia el tratado pero se generan contradicciones”.
“Estamos analizando el fallo, es muy doloroso y los fallos se acatan, pero yo no comparto para nada la decisión que se ha tomado sobre estas aéreas marinas”, dijo por su parte la excanciller Noemí Sanín.
Además señaló que se debe realizar una revisión juiciosa de la política de fronteras del Archipiélago de San Andrés y Providencia, porque "es muy importante para el desarrollo económico, para ayudarle a todos los pescadores y tenemos que entrar a reflexionar. Es muy temprano todavía, pero que sepan los habitantes que estamos con ellos y juntos podemos enfrentar esta circunstancia".
El expresidente Álvaro Uribe no pudo estar en la reunión de la Comisión, pero telefoneó al mandatario Juan Manuel Santos.
Uribe calificó como un despojo del mar de Colombia el fallo de La Haya.
“Sobre el despojo del mar de la patria y de los derechos de pesca de San Andrés he expresado hoy mi opinión al presidente Santos y al excanciller Julio Londoño”, declaró Uribe a la prensa.
Para la senadora Alexandra Moreno, del MIRA, la Corte “nos reconoció la soberanía de los cayos pero nos cercenó una zona vital del mar rica en biodiversidad marina y recursos naturales”.
¿Qué pasa con la reserva de biósfera en San Andrés?
Un considerable grupo de sanandresanos tanto artesanales como industriales dedicados a la pesca se verá afectado por el fallo, según Silvia Mantilla, experta en Estudios Políticos y Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad Nacional (UN) en el Caribe.
De acuerdo con Mantilla, esto se debe a que uno de los sectores con mayor riqueza pesquera ahora quedará bajo la jurisdicción de Nicaragua.
“La pesca representa el segundo sector económico de las islas después del turismo. El área que perdió Colombia, sobre todo en el sector norte, que limitaba con Honduras, era una gran fuente de ingresos por ser rica en productos pesqueros. Se prevé que habrá un fuerte impacto social y económico para muchas familias”, le indicó la profesora Mantilla a la agencia de noticias Unimedios.
Otro de los interrogantes que se abre es sobre el futuro de la Reserva de Biósfera Seaflower. Este título fue otorgado por la Unesco, en el año 2000, a los cerca de 350.000 kilómetros de lo que hasta esta mañana se consideraba territorio marítimo colombiano en el occidente caribeño. Dentro de este inmenso mar también se encuentra el Área Marina Protegida de Seaflower, por medio de la cual se protege un área de 62.000 kilómetros, que también quedará fragmentada.
Al respecto, la profesora Mantilla sostuvo que habrá que esperar el pronunciamiento de la ONU para determinar cómo sería la administración de la Reserva de Biósfera: si Colombia seguirá liderando la conservación de este espacio o habría una administración conjunta.
Lo cierto es que el temor de investigadores, isleños y pescadores tiene relación con que la nación centroamericana abra la posibilidad a la explotación petrolera, poniendo en riesgo este valioso ecosistema. Cabe recordar que el Gobierno sandinista les abrió las puertas a petroleras estadounidenses para explorar estos territorios, mucho antes de la decisión de La Haya.
La investigación científica que desarrolla Colombia (que se lleva a cabo de forma sistemática con la presencia de la UN con sede en la isla de San Andrés) también se verá afectada en varios frentes.
Los dos países ahora tendrán que sentarse a definir cómo será el acceso a los cayos de Quitasueño y Serrana, que serán enclaves colombianos en medio de mar nicaragüense. En este sector, varios investigadores de la UN llevaban a cabo exploraciones científicas.
La Universidad Nacional de Colombia, a mediados del año pasado, había advertido sobre el interés de tres compañías petroleras para explorar el ecosistema marino del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en busca de hidrocarburos.
En ese entonces, una acción popular interpuesta por la Corporación Autónoma del Archipiélago de San Andrés (Coralina) hizo suspender la firma de adjudicación del contrato, mientras las autoridades ambientales se pronuncian sobre la viabilidad del proyecto.
Ahora que Nicaragua incorporará buena parte de esas aguas caribeñas, volverán los temores de muchos sectores por los perjuicios de una explotación petrolera que podría afectar a comunidades en ambas partes de la nueva frontera.
Así lo aseguró Elizabeth Taylor, directora de Asuntos Marinos y Costeros y Recursos Acuáticos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y exdirectora de Coralina.
La funcionaria explicó que en el mundo hay algunos ejemplos de Reservas de Biósfera de administración conjunta que podrían aplicarse a la nueva realidad fronteriza. Resaltó que sí existe temor de que las decisiones autónomas de Nicaragua sobre el manejo de estas aguas puedan afectar al conjunto del territorio.
“Esa situación ya la debió de contemplar el grupo de asesores del Gobierno colombiano, por lo que seguramente se tendrán que entablar diálogos para preservar uno de los espacios de vida marina más significativos de todo el Caribe”, dijo Taylor.
Mantilla manifestó que el Gobierno nacional tendrá que plantearles nuevas alternativas económicas a los isleños y hacer un trabajo social grande con las comunidades, para que el cambio de frontera tenga el menor impacto negativo posible.