Convencer a los países de la necesidad de cambiar el enfoque de la política antidroga es la misión de Colombia en la Asamblea General de la ONU sobre política global contra drogas ilícitas, UNGASS 2016, que se celebra esta semana en Nueva York.  La comitiva nacional está liderada por el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, acompañado del Ministro de Justica, Yesid Reyes, quienes intervendrán en la Asamblea General.

 

Colombia busca, junto a México y Guatemala,  una reingeniería al actual régimen internacional de control ante el incremento de la producción, distribución y consumo de drogas ilícitas en el mundo, y la expansión del crimen organizado y la violencia. Dicha regulación tiene 55 años y para muchos de los asistentes está alejada de la actual realidad del negocio de las drogas ilícitas

 

Documento de Viena

 

Previo a esta Asamblea General,  los principales países pertenecientes a la Comisión de Estupefacientes de la ONU firmaron un documento en Viena en el que se estipula la base de lo que se va acordar en Nueva York. Muchos consideran que el contenido de este texto preliminar continúa con las mismas políticas minimalistas y va en detrimento de países, como Colombia, que buscan el reajuste y la revisión de aquellas directrices.

 

 

Los obstáculos para plantear nuevas estrategias en la lucha antidrogas nacen de países conservadores como Egipto, Irán, Rusia y Pakistán, que se oponen  a medidas como la legalización o la modificación del modelo de aspersión.

 

 

Aquellos países se adscriben a lo que el vigente Secretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, experto en drogas, considera como “posturas estrictamente prohibicionistas” en su libro “Drogas, inseguridad y Estados Fallidos”. Según Mejía estas políticas se enfocan simplemente en restringir o impedir su producción, comercialización y consumo, haciendo uso de herramientas penales sin tener en cuenta otras estrategias que permitan combatir este flagelo.

 

 

La contienda, sin embargo, no la están ganando los países con posiciones minimalistas. Pese a su discurso a favor de políticas que reproduzcan el mismo modelo de los últimos años, el documento de Viena contempla una serie de medidas que dan mayor autonomía a los países para afrontar guerra contra las drogas.

 

 

Se reconoce, por ejemplo, la posibilidad que los países dirijan su política sobre estupefacientes conforme a sus necesidades y objetivos,  dándoles mayor “flexibilidad” en el manejo.  Expertos sostienen que años atrás este tipo de mecanismos eran impensables.

 

 

La misión colombiana

 

Desde 1998 no se reunía la Asamblea General de la ONU sobre política global contra drogas ilícitas. En esa oportunidad se ratificó una hoja de ruta que dominó la estrategia antidroga durante las últimas décadas. Esta vez 193 naciones se reunirán  para evaluar los progresos y las falencias de esta política y definir, en la medida de lo posible, un plan de acción acorde con los intereses de los países más afectados por esta problemática.

 

 

Si bien es cierto que durante este encuentro no se tratarán temas como la despenalización, sí es verdadque los países están abiertos a discutir aspectos como los compromisos de los Estados en materia de Derechos Humanos, el reto de las drogas desde un enfoque de salud pública y la eliminación de la pena de muerte para los consumidores.

 

Colombia quiere ir más allá del documento de Viena. Busca q  ue la política no se centre en la guerra contra las drogas sino en estrategias a favor de la prevención, tratamiento y rebajar el daño sobre aquellos que consumen estupefacientes. Además, trata de impulsar modelos que permitan el acceso a sustancias con fines medicinales y científicos, y enfoques que reconozcan el consumo a nivel ancestral.

 

Como precursor de esas tesis que, han sido expuestas en escenarios como la Comisión de Estupefacientes, Unasur y Celac, Colombia llega a Nueva York para que se hagan efectivas sus propuestas. Para ello contará con una comitiva encabezada por el Presidente y el Ministro de Justicia,  acompañados de Alejandro Gaviria, Ministro de Salud, quien enfocará la problemática como un reto de salud pública,  y la Canciller María Ángela Holguín, quien abogará por flexibilizar el marco normativo sobre estupefacientes, entre otros temas.

 

 

Pero el país no está solo. Aparte del apoyo de México y Guatemala, diferentes personalidades a nivel mundial le enviaron una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, afirmando que la lucha contra las drogas fracasó rotundamente y llegó la hora de cambiar hacia un enfoque a favor de los Derechos Humanos y en contra de la criminalización del consumidor. Según la organización Drug Policy Alliance, con sede en Nueva York, los ciudadanos en gran parte del mundo están a favor de políticas alternativas alejadas de la posición que hasta el momento ha primado en la ONU.

 

 

¿Lucha perdida?

Las cifras son el mejor elemento para medir la efectividad o el fracaso de la lucha contra las drogas ilícitas. Si se hace un estimado de los últimos años se encuentra que en el país los cultivos han aumentado, pese a que la aspersión ha tenido un importante incremento. Eso demuestra que más allá de la capacidad de los organismos policiales para combatir este flagelo, el problema es de enfoque.

 

Según el informe 2014-2015 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) en compañía del Gobierno de Colombia, el consumo de cocaína ha aumentado a nivel mundial, generando mayor oferta y demanda. Mercados masivos como el de China, India y Corea del Sur han entrado a consumir sustancias psicoactivas, afectando las dinámicas del tráfico de ilícitos.

 

La Unodc también sostiene que en Colombia hay poca capacidad para erradicar manualmente los cultivos ilícitos, generando una proliferación de nuevas hectáreas cultivadas, tal como se vio el último año.

A propósito de ese incremento, la Oficina Nacional para el Control de las Drogas de la Casa Blanca (ONDCP-siglas en inglés), dijo que el país pasó de tener 112.000 a 159.000 hectáreas cultivadas,  demostrando que algo está fallando en la estrategia. Aunque la Unodc asegura que esos datos están inflados y que en Colombia en realidad hay 69.000 hectáreas de coca.

El informe demuestra que los cultivos incrementaron en 11 departamentos, se redujeron en 8 y se mantuvieron igual en 2. De ellos los más afectados son Putumayo (5.942 ha), Nariño (4.108 ha), Cauca (3.063 ha) y Caquetá (2.220 ha). La reducción, por el contrario, fue tan sólo de 419 hectáreas.

Una tendencia evidente en el documento es que a mayor grado de marginalidad mayor número de cultivos ilícitos. Regiones apartadas del país como Putumayo y Caquetá y, en menor medida, Cauca y Nariño, produjeron el 73% de coca, siendo Nariño el departamento que más se dedica a esta actividad por su ubicación geográfica, facilitándole a las traficantes un acceso directo al mar.

 

 

Aspersión y erradicación

En Colombia existen dos formas para eliminar los cultivos ilícitos: la aspersión, conocida comúnmente como la fumigación aérea, y la erradicación manual en zonas con un alto número de hectáreas de coca, marihuana o amapola.

 

La aspersión se realiza con una mezcla de herbicida de glifosato, un coadyuvante y agua. Casi la mitad de las fumigaciones en 2014 se efectuaron en Nariño y Putumayo. De ahí que llame la atención que en los departamentos donde hubo más fumigaciones se presentaran los mayores índices de cultivos ilícitos.

 

Según la Dirección Antinarcóticos de la Policía- DIRAN- en 2014 se asperjó un total de 55.554 hectáreas de coca, 18 % más que el año anterior. Los departamentos en los que se constató un incremento representativo de hectáreas fumigadas fueron Antioquia (199%), Meta (330%) y Nariño (88%).

En cuanto a la erradicación, se eliminaron 12.496 hectáreas de cultivos ilícitos, 44% menos que el año anterior, mediante diferentes técnicas como: 1) erradicación manual voluntaria, 2) erradicación manual forzosa ejecutada por miembro de la Policía Nacional y las fuerzas militares y, 3) erradicación manual forzosa con Grupo Móviles de Erradicación.

 

Estos datos permiten concluir que por más esfuerzos institucionales en los que se armoniza la tarea de la Policía Nacional,  con las fuerzas militares y las comunidades locales, los resultados finales no son buenos. El Gobierno nacional conoce esta realidad y busca por todos los medios modificar la estrategia en la lucha contra las drogas. Ahora falta que la comunidad internacional le dé el visto bueno y la política, después de largas discusiones, cambie de enfoque.