En diciembre de 2003, cuando Enrique Peñalosa entregó el cargo a Luis Eduardo Garzón, su principal logro como Alcalde Mayor de Bogotá fue las bondades de Transmilenio y los megacolegios construidos en los sectores más necesitados y entregados en concesión.
Cuando asumió el primer gobierno de izquierda en cabeza de Garzón, comenzó el debate para reversar la alegada privatización de la educación que había confeccionado la Secretaria del ramo de esa época, Celia María Vélez, y en la fallida administración Samuel Moreno también se hizo el amague de tumbar la figura de la concesión.
Dos cosas lo impidieron. Los buenos resultados académicos de los jóvenes y que era oneroso para el fisco terminar esos contratos.
Hoy la situación es diferente. Los legendarios contratos para recolectar y botar los residuos en el relleno Doña Juana pasaron de concesionarios a la empresa distrital Aguas Bogotá. La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), por ahora se quitó la amenaza de la venta. Ahora el turno es para los colegios que maneja el sector privado, pues hay voluntad política y los contratos están por vencerse después de quince años, según conoció EL NUEVO SIGLO.
El desmonte de estas 25 concesiones no sería traumático porque los planteles son propiedad del Distrito que paga un millón novecientos mil pesos por alumno. El secretario Distrital de Educación, Óscar Sánchez, manifestó que se mantendrían algunos establecimientos donde hay mucha demanda de estudiantes y pocos planteles.
Para la toma de decisiones se ha tenido en cuenta un estudio de la Universidad de Los Andes sobre la deserción escolar, que mostró que en los colegios concesionados es de un 1,7 por ciento por los programas comunitarios que desarrollan, pero en los colegios públicos este fenómeno alcanza el 3,7 por ciento.
En un debate, los concejales-profesores del Polo Democrático, Celio Nieves y Álvaro Argote, pidieron terminar las concesiones de los colegios, mientras que Martha Ordóñez, de La U, exhibió datos con buenos resultados que se han experimentado en década y media.
Los concejales están divididos sobre la eficacia del modelo educativo. Para la bancada del Polo, la educación pública oficial de Bogotá debe ser asumida por la Administración y no entregada en concesión, mientras que para Ordóñez la decisión sobre colegios en concesión debe ser concertada.
La concejala de La U, en visita a cada uno de los 25 colegios en concesión, encontró que los establecimientos educativos se han convertido en espacios con propuestas pedagógicas innovadoras, avances en calidad y cobertura.
En cuanto al futuro de los colegios en concesión, la concejala Ordóñez afirmó “que el interés superior es el de las niñas, niños y adolescentes de Colombia, educación de calidad, es lo que ellos necesitan, que sea pública o privada, no importa de dónde venga”.
Tanto Nieves como Argote coincidieron en que el propósito no es descalificar a las instituciones que han prestado un servicio a la educación de la capital del país por la vía de la concesión, sino que en palabras de Nieves, “hay una realidad jurídica y legal, porque en el corto tiempo todos estos contratos se vencerán y queremos nosotros saber desde ahora y no cuando estén por acabarse, cuál es la postura del Gobierno distrital frente a estas concesiones”.
Para el concejal del Polo estos colegios deben garantizar una educación de alta calidad: “Jornada Única, preescolar de tres grados, bilingüismo, personal de planta, docente, directivo, administrativo con estabilidad laboral, mejores salarios y con formación en especializaciones, maestrías y doctorados”.
Nieves le solicitó a la Secretaría de Educación que adelante las acciones pertinentes y a tiempo para que se tome esta decisión.
Por su parte, el concejal Argote denunció que hay un problema endémico en la educación de la ciudad y el país en general que no va a resolver esta administración ni la que le seguirá: “Es urgente comenzar a trabajar para resolverlo. Esto es un problema de cobertura y calidad”.
Con el paso de los colegios en concesión se puede afirmar que en Bogotá llegó la ola estatista.