La ciudad de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, era escenario -por tercer día consecutivo- de marchas sindicales, de médicos, paramédicos y estudiantes, en el marco de una huelga de 72 horas en rechazo a decretos del presidente Evo Morales, constataron periodistas de la AFP.
Las ruidosas marchas sindicales de unas 4.000 personas están encabezadas por un centenar de mineros estatales del poderoso y radical sindicato de Huanuni que en su recorrido por céntricas calles de la sede de Gobierno hacen explotar cartuchos de dinamita y petardos, sin causar víctimas.
La Policía ejerce una nutrida vigilancia policial en la plaza de Armas, donde el presidente Morales tiene su despacho, tras dos días de choques con civiles que dejaron más de una decena de heridos, entre manifestantes y uniformados, según reportes del Ministerio de Gobierno.
"Estamos demostrando por tercer día estas exitosas marchas y huelga", afirmó el líder de la Central Obrera Boliviana (izquierda), el más grande sindicato del país, Juan Carlos Trujillo, al encabezar la protesta y recordar el rechazo al incremento salarial del 8% propuesto para este año.
"Si el gobierno no atiende nuestras demandas, vamos a radicalizar nuestras legítimas protestas" la próxima semana, acotó.
Los médicos, paramédicos y universitarios de medicina se han sumado a las protestas sindicales, pues rechazan otro decreto del mandatario que aumentó la jornada laboral de 6 a 8 horas, sin compensación económica.
En las ciudades de Santa Cruz (este), Tarija (sur), Oruro (oeste), Cochabamba (centro) y Potosí (suroeste) se han reportado bloqueos de caminos interdepartamentales del sector salud, según informes de las radios privadas Erbol y Fides.
Entre tanto, el gobierno restó dramatismo a los conflictos, además de que rechaza un aumento salarial superior al 8%, así como derogar el decreto sobre los horarios del sector médico.
"Hay demandas sociales y actores políticos quieren aprovecharse de esa situación, no diría que es desestabilizador porque no tienen posibilidades de conducir a una crisis de gobernabilidad y menos a una crisis de Estado", dijo el ministro de Interior, Carlos Romero, entrevistado por el canal privado Red uno.