De un 5% a un 6% aumentaría el monto de la retribución por colaboración según la ponencia de primer debate del proyecto de Ley 283 de 2013 Senado, 263 de 2013 Cámara por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio.
La iniciativa, que está programada en el tercer punto de la agenda de hoy de la Comisión Primera de Senado en su Artículo 129 sobre la sentencia anticipada establece la contraprestación del 3% del valor de los bienes que sean objeto de sentencia anticipada a la vez que la aumenta en otro 3% “del valor de los bienes que se encuentren en causal de Extinción de Dominio”.
De acuerdo al Parágrafo 1 del artículo los beneficios se darán en relación a “los bienes sobre los cuales informe a la Fiscalía siempre y cuando se aporten elementos de prueba o se contribuya de manera eficaz y efectiva a lograr el cumplimiento de uno o varios de los fines constitucionales propios de la administración de justicia”.
Este beneficio se cumplirá en el caso “que se adelanten acciones en favor de las víctimas de actividades ilícitas, ayudar a la desarticulación de organizaciones criminales a través de la identificación e individualización de sus dirigentes e integrantes, contribuir con información y elementos de prueba que permitan investigar y sancionar casos de corrupción ycontribuir en la eliminación de la infraestructura económica de las organizaciones criminales”, entre otras.
Enajenación
La ponencia, en el Artículo 117 sobre la cooperación institucional cambia de “grave” a “gravísima” la falta de colaboración en las investigaciones de extinción de dominio y las violaciones a la reserva judicial.
En relación al Artículo 93 se aclara que para la enajenación de los bienes mediante subasta pública, se deberá contar con “previa autorización del fiscal de conocimiento o del juez de Extinción de Dominio, según la etapa en que se encuentre la actuación”.
En relación a la destrucción de sustancias controladas a que se refiere el Artículo 99, se incluyó “realizar el control preventivo y concomitante con el fin de preservar el medio ambiente sano, atendiendo al plan de manejo ambiental”.
El presidente de la Comisión Primera, el senador Juan Manuel Galán expresó que uno de los problemas que debe tratar la ley es el déficit de fiscales de extinción de dominio que tiene el organismo, lo que dificulta esta labor.
“El problema que tiene la Fiscalía es que tiene dos o tres fiscales desde Bogotá para manejar todos los procesos de extinción de dominio en el país. Obviamente son recursos ridículos para el desafío que eso representa. Se trata de los fondos para tratar las víctimas y queremos acelerar esos procesos lo más pronto posible”, precisó.
El Senador señaló que la idea es que el proyecto, al que le faltan dos debates, pueda convertirse en ley al finalizar el año.
95 mil bienes en el limbo
Esta propuesta contempla que los trámites sean más ágiles, así como la creación de un fondo especial para monetizar los bienes, es decir, que estos puedan ser vendidos mientras se profiere la sentencia; así el dinero podría destinarse a programas de atención o reparación de víctimas, o para el fortalecimiento de la justicia.
“Cerca de 95 mil bienes incautados tiene la Fiscalía en proceso de extinción de dominio, que una vez demostrada su procedencia ilícita podrían pasar a ser propiedad del Estado”, ha afirmado el fiscal General, Eduardo Montealegre Lynett.
Según las autoridades, actualmente un proceso de extinción de dominio puede durar más de siete años y lo expuesto en el proyecto es que el término sea máximo de 18 meses.
El Fiscal Montealegre agregó que “la Fiscalía lleva casos de más de 15 años, contra miembros de carteles del narcotráfico que valen muchos billones de pesos, que pueden ser aprovechados por el Estado”.
Otro de los puntos que se destaca en la proposición es la inclusión de términos de justicia premial, como la sentencia anticipada y un beneficio para el procesado que le permitiría mantener un porcentaje de los bienes por colaboración con la justicia, si contribuye a la recuperación de esos bienes de procedencia ilícita.
El jefe del ente acusador resaltó que con el proyecto también se fortalece la cooperación internacional, “pues lo que se pretende es que decisiones proferidas en el extranjero sobre extinción de dominio puedan tener efecto en Colombia”.
Los ponentes
Como coordinadores ponentes del proyecto fueron designados los senadores Jesús Ignacio García (Liberal) y Hernán Andrade (Conservador). El grupo de ponentes lo completan John Sudarsky (Partido Verde), Juan Carlos Vélez (La U) Y Karime Mota (La U). La iniciativa fue aprobada en segundo debate en la Cámara de Representantes.