MÁS ALLÁ de si se trata de una banda criminal o de un grupo paramilitar, lo cierto es que el llamado ‘Clan Úsuga’ en una amenaza muy grave para el orden público y la seguridad urbana y rural en el país.

Por lo menos así se desprende del informe ayer de la  Defensoría del Pueblo, que mediante su Sistema de Alertas Tempranas, identificó la presencia de la facción delincuencial en 22 departamentos del país.

Según la entidad del Ministerio Público, se detectó operación de esta banda en Antioquia, Bolívar, Caldas, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Sucre, Cundinamarca, Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, San Andrés, Santander y Valle del Cauca. 

El organismo humanitario, que indicó que había informado  esta situación al Ministerio de Defensa, advirtió que también hay influencia de dicha estructura en zonas urbanas de la Costa Caribe, la frontera con Venezuela y el Valle de Aburrá. 

El episodio más reciente atribuido a la organización liderada por Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, ocurrió la noche del martes en la vereda Piñal Salado, de Tumaco (Nariño), donde 4 hombres presuntamente integrantes de las denominadas ‘Autodefensas Gaitanistas’ llegaron hasta la vivienda de Franklin Quiñones Tenorio, líder del Consejo Comunitario Rescate Las Varas, disparando en repetidas ocasiones, afortunadamente sin ocasionar víctimas fatales ni heridos.

La Defensoría también reportó que el 24 de enero en la vereda San Luis Robles, del mismo municipio, fue asesinado el líder Johan Alexis Vargas, caso que se encuentra en investigación por parte de la Fiscalía, pero que en principio se vinculó con las denuncias sobre la presencia del ‘Clan Úsuga’, como habría ocurrido también en los hechos del martes en la noche. 

Ojo a estatus de víctimas

El reporte del Sistema de Alertas Tempranas señala la presencia activa de otras cuatro estructuras de “grupos posdesmovilizados”, que corresponden a reductos de ‘Los Rastrojos’ (en 16 departamentos), ‘Libertadores del Vichada’ y ‘Bloque Meta’ (en 3) y ‘La Empresa’ en uno. 

Para la entidad resulta preocupante que independientemente de la denominación de los grupos posdesmovilizados como bandas criminales o emergentes, las acciones violentas cometidas por ellos sigan siendo tratadas como delitos comunes, pues las víctimas no son consideradas como parte de la población civil afectada por el conflicto. Ello, no obstante que pesar de los cambios en la dinámica de las expresiones armadas, “existe una réplica evidente de conductas como las amenazas, el desplazamiento forzado, los homicidios selectivos, la extorsión y el constreñimiento de las libertades mediante el control territorial”. 

Por último indicó que de las 58 situaciones de riesgo advertidas el año pasado por posibles vulneraciones a los derechos humanos asociadas a los grupos armados ilegales, estas organizaciones posdesmovilizadas o bandas criminales, eran protagonistas de 51, es decir el 88 por ciento. 

Ofensiva estatal

Tras el ‘paro armado’ que presionó el ‘Clan Úsuga’ hace dos semanas y que afectó a siete departamentos, con casi una decena de policías y militares asesinados, además de otras acciones terroristas y de presión a la población civil, el Gobierno decidió redoblar los esfuerzos en el combate a las llamadas “bandas criminales emergentes al servicio del narcotráfico” (Bacrim).

Precisamente el lunes pasado, el presidente Santos, tras una nueva sesión del Comité de Seguimiento a Organizaciones y Bandas Criminales, afirmó que durante su Gobierno han sido dados de baja o capturados 20 mil miembros de estas bandas criminales, entre ellos 48 de sus jefes, como ‘Megateo’, ‘Giovanny’ (hermano de ‘Otoniel’), ‘Pijarvey’, ‘Puntilla’, ‘Lorenzo’, ‘Guagua’ y, el último, ‘Negro Andrés’.

“En apenas algo más de 3 meses (de 2016) ya han sido neutralizados 728 miembros de estas organizaciones”, indicó Santos, al anunciar, de paso, que se dobló a 3.000 millones de pesos la recompensa que ofrece el Gobierno a quien entregue información que permita ubicar a ‘Otoniel’, hoy el delincuente más buscado en el país.

Tras advertir que se arreciarán los operativos contra las Bacrim, el Jefe de Estado reiteró que la única alternativa que tienen los miembros de estas estructuras delincuenciales es el sometimiento a la justicia, ya que no se les dará ningún tipo de reconocimiento político, como lo exigen.

Paralelo a ello se va a fortalecer el Bloque de Búsqueda que componen Policía, Fuerzas Militares, Fiscalía y organismos de inteligencia. También se creará un Puesto de Mando Unificado para la lucha contra las organizaciones delincuenciales.  Del mismo modo, el Gobierno impulsará en el Congreso un proyecto de ley para fortalecer la lucha contra la minería criminal, una de las principales fuentes de recursos de las Bacrim, junto al narcotráfico.