La Corte Interamericana de Justicia revisará en los próximos meses la posibilidad de declarar viable una demanda contra el Estado colombiano por la desaparición de 11 personas y la muerte del magistrado Auxiliar de la Corte Suprema de Justicia Carlos Horacio Urán por los hechos enmarcados en la tragedia del Palacio de Justicia registrada el seis y siete de noviembre de 1985.

En su respuesta, el Estado colombiano niega su responsabilidad en los hechos y además considera que la Comisión no explicó por qué decidió unir dos instancias procesales en el caso.

El organismo internacional también evaluará si existe una posible responsabilidad del expresidente de la República Belisario Betancur por sus omisiones y acciones durante la toma guerrillera protagonizada por el M-19 y la operación de retoma llevada a cabo por el Ejército.

En el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se responsabiliza a Colombia por la desaparición de 12 personas, la detención ilegal y tortura de otras cuatro y la desaparición y ejecución de una más.

Según dicho informe, siete empleados de la cafetería, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco salieron con vida del edificio y fueron trasladados a la Casa del Florero, sin embargo hasta el sol de hoy se desconoce su paradero.

El informe de la Comisión también cuestiona algunas medidas tomadas por los militares ese día, así como la actuación improcedente de la Justicia Penal Militar, que en su momento tuvo el caso, reseñando que se presentó un abuso de la fuerza durante la operación de recuperación.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos estudia la demanda contra Colombia por el Holocausto del Palacio de Justicia, luego de que el caso fuera enviado por la CIDH para que inicie su análisis.

Este caso cobró relevancia luego que fueran confirmadas en el país algunas condenas contra militares, pero sobre todo de que se pusiera en evidencia el papel desempeñado por el expresidentes Belisario Betancur.