En el reciente informe ‘Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos en Colombia', la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce los esfuerzos del Estado colombiano por garantizar y legitimar la labor de los defensores de DD. HH. y líderes sociales como una actividad legítima y necesaria para la democracia y la construcción de la paz. 

El informe resalta el trabajo adelantado en la Mesa Nacional de Garantías para Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Comunales, desde su creación en 2009. Destaca que esta instancia fue creada de común acuerdo con organizaciones de la sociedad civil y el acompañamiento de la comunidad internacional. Esta “permite contar con espacios directos de interlocución con las autoridades estatales, para el diseño e implementación de las estrategias y acciones de defensa a la labor de las y los defensores de derechos humanos”, señala la publicación. 

Igualmente, la CIDH indica que las iniciativas desarrolladas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) facilitan a las defensoras y los defensores realizar sus actividades en condiciones de seguridad.