Responsable por la desaparición de 11 ciudadanos en la retoma del Palacio de Justicia en 1985 declaró a Colombia ayer la Corte Interamericana de Derechos  Humanos. Dijo que está demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de colaborar con el M-19.

Como consecuencia y en el marco de las medidas de reparación que Colombia se verá obligado a acatar, fue conminado a llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables. Igualmente, a la mayor brevedad realizar una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas.

El alto Tribunal en su fallo destaca que el Estado colombiano ya había realizado un reconocimiento parcial de responsabilidad internacional en este caso, lo que fue valorado por la Corte como una contribución positiva al desarrollo de este proceso y a la vigencia de los principios que inspiran la Convención Americana, así como a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, se mantuvo la controversia con respecto a hechos y pretensiones de derecho que no fueron reconocidos por Colombia.

La Corte consideró demostrado que existió un modus operandi tendiente a la desaparición forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma del Palacio de Justicia o colaborar con el M-19. “Los sospechosos eran separados de los demás rehenes, conducidos a instituciones militares, en algunos casos torturados y/o desaparecidos”, concluye.

 En su sentencia del 14 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Colombia por ciertas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de estos sucesos. En particular, la Corte encontró que el Estado era responsable por las desapariciones forzadas de siete empleados de la cafetería del Palacio de Justicia (Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León), de dos visitantes del Palacio de Justicia (Lucy Amparo Oviedo Bonilla y Gloria Anzola de Lanao) y de una guerrillera del M-19 (Irma Franco Pineda).

También encontró responsable al Estado de la desaparición forzada y posterior ejecución extrajudicial del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas; las detenciones arbitrarias e ilegales y torturas o tratos crueles y degradantes sufridos, respectivamente, por Yolanda Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, quienes fueron considerados sospechosos de colaborar con el M-19.

Además condena al Estado por la falta de esclarecimiento judicial de los hechos y la violación del derecho a la integridad personal de los familiares de las víctimas, y el incumplimiento de su deber de prevención frente al riesgo en que se encontraban los ocupantes del Palacio de Justicia y que era conocido por el Estado.

Por otra parte, la Corte consideró que el Estado no era responsable por las desapariciones forzadas de Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza Esguerra, aun cuando sí era responsable de haber incumplido su deber de garantizar el derecho a la vida de ambas víctimas, por la falta de determinación de su paradero por dieciséis años en el caso de la señora Castiblanco Torres y, hasta la actualidad, en el caso de la señora Esguerra Forero.

*Medidas de reparación

La Corte estableció que su sentencia constituye per se una forma de reparación y, adicionalmente, ordenó al Estado publicar esta sentencia así como realizar difusiones radiales y televisivas de la misma. Llevar a cabo las investigaciones para establecer la verdad de los hechos, así como de determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos del presente caso. Efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda rigurosa, en la cual realice todos los esfuerzos para determinar el paradero de las once víctimas aún desaparecidas a la mayor brevedad.

Igualmente brindar el tratamiento médico, psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten y, de ser el caso, pagar la suma establecida por concepto de gastos por dicho tratamiento para aquellas víctimas que residan fuera de Colombia. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos. Realizar un documental audiovisual sobre los hechos, sus víctimas y la búsqueda de justicia de sus familiares.

Finalmente pagar las cantidades fijadas en la sentencia, por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos advirtió que supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia.

*Respuesta del Gobierno

Pocas horas después de que se hiciera público el fallo condenatorio de la CIDH el Gobierno colombiano respondió por medio de un comunicado en el que señala que estudiará detalladamente la sentencia para establecer cuáles son las implicaciones de la misma y determinar su verdadero alcance y que posteriormente dará a conocer sus consideraciones a la opinión pública.​

Señala también que “el Estado Colombiano reitera que lamenta los hechos ocurridos hace 29 años en desarrollo de la toma violenta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y acompaña a todas las víctimas en el establecimiento de la verdad”.

Añade que el Estado colombiano ha contribuido y utilizado todos los medios que le permitía el expediente internacional para hacer un digno y justo reconocimiento de responsabilidad a las víctimas del Palacio de Justicia. “En varias ocasiones, el Estado colombiano ha aceptado su responsabilidad ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos como muestra de su buena fe y de su deseo de lograr una reconciliación con las víctimas”.

Agrega que ha emprendido acciones para la reparación integral de las víctimas, su derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición de los hechos.  En aquellos casos que han sido probados, las víctimas del Palacio de Justicia han obtenido por vía administrativa una indemnización por parte del Estado colombiano.

Dice también el comunicado gubernamental que “el Estado continuará trabajando por el esclarecimiento de los hechos y por garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de estas y otras víctimas de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno”.

Finaliza diciendo que “en todo caso, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas de Colombia hoy son instituciones muy apreciadas y respetadas por el pueblo colombiano, gracias a su permanente modernización y avances en la protección de los DD.HH. La legitimidad de las FF.AA. en el proceso de recuperación de la seguridad de los colombianos y del desarrollo de la Constitución Política han convertido este factor en su principal activo”.

*Reacciones

Como ejemplar calificaron los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. René Guarín, hermano de Cristina Guarín,  desaparecida del Palacio, dijo que "para nosotros lo más importante es que el Estado cumpla lo que ordena la sentencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque con las 14 sentencias anteriores poco y nada cumplieron los mandatos de la Corte Interamericana en cuanto a verdad, justicia y en cuanto reparación".

Mientras tanto que César Rodríguez, hermano de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, destacó que  "para eso hemos estado luchando todos estos años, para conseguir que la Corte condene al Estado, primero por la importancia de esta condena para el país, para las víctimas y para la sociedad en general, como una condena ejemplar que indica la responsabilidad del Estado y los militares en las desapariciones".

Por otra parte el general (r) Harold Bedoya, excomandante de las Fuerzas Militares, dijo que “la responsabilidad no es al Estado sino al M-19, que todos lo sabemos, que el M-19 quiso acabar con este país, se tomó el Palacio de Justicia, lo incendió, mató gente toda la que quiso, se alió con los narcotraficantes del Cartel de Medellín, y gracias al Ejército ese Palacio de Justicia pudo recuperarse y tuvimos presidente y tenemos democracia”.