Corte Suprema reconoce como víctimas a Piedad Córdoba y Gustavo Petro.
EL PROCESO contra la ex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, y el ex secretario de Palacio, Bernardo Moreno, por las interceptaciones y seguimientos ilegales a magistrados, periodistas y dirigentes políticos de oposición, en la Corte Suprema de Justicia se enredó.
Ayer, cuando se esperaba que la Fiscalía expusiera los argumentos de la acusación, el abogado Jaime Granados recusó a los siete conjueces y a los dos magistrados, por lo que éstos, tras rechazar las pretensiones del defensor de Moreno, determinaron dejar en manos de otros magistrados de la Corte Suprema la decisión de quiénes retoman el proceso.
Los conjueces fueron recusados por considerar que carecen de objetividad por ser elegidos por quienes obran como víctimas, como es el caso de los magistrados afectados con la interceptación de sus teléfonos celulares de manera ilegal.
Entre tanto, los conjueces rechazaron tal recusación, pero la ley los obliga a dejar en manos de otros magistrados la suerte del proceso.
Por su parte, el abogado de Moreno, Jaime Granados, propuso hacer uso de un artículo de la Constitución que permite al Contralor y al Procurador elegir a los jueces y garantizar la objetividad y transparencia del proceso.
Moreno estuvo presente en la sala de la audiencia, mientras que las víctimas reclamaron la presencia de Hurtado, quien está goza de asilo territorial en Panamá.
Moreno se encuentra detenido preventivamente desde el pasado 30 de julio, mientras que Hurtado, quien dirigió el DAS entre 2007 y 2008, se encuentra asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
Entre esas víctimas se encuentran seis magistrados de la Corte, por lo que fueron marginados del caso y sustituidos por conjueces.
Ayer, los magistrados también reconocieron la condición de víctimas, a la ex senadora liberal, Piedad Córdoba, el ex senador Gustavo Petro, y la ex representante a la Cámara, Yidis Medina.
En cambio, rechazaron reconocer como víctimas al director del semanario Voz, del Partido Comunista, Carlos Lozano, la ONG Colectivo de Abogados José Restrepo Alvear, y el Polo Democrático Alternativo como institución política, tal como lo había pedido la fiscal general Viviane Morales.