La práctica de pruebas, en el proceso que se lleva contra el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno por las chuzadas del DAS, fue ordenada por el Consejo de Estado.
La decisión fue adoptada luego de la demanda puesta por Moreno en contra de la sanción que le profirió la Procuraduría General de la Nación y que lo inhabilitó por 18 años.
El pronunciamiento de la Procuraduría se tomó por la supuesta responsabilidad y participación del exfuncionario en las interceptaciones y seguimientos a periodistas, magistrados e incluso congresistas.
El Alto Tribunal ordenó al órgano de control trasladar la demanda del proceso en contra del exfuncionario, pues este dice que a causa de esta sanción ha sufrido daños y perjuicios, pese a esto no solicitó indemnización económica.