Por concierto para delinquir fueron acusados por la Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el exsecretario jurídico de la Presidencia, Edmundo Del Castillo y el exsecretario de Prensa de la Casa de Nariño, César Mauricio Velásquez.
Por el mismo caso ya fueron condenados el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, y la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, mientras que otros ex funcionarios siguen vinculados a la investigación.
De acuerdo con el ente acusador, es claro que hubo un “acuerdo ilícito entre miembros del Gobierno nacional y funcionarios del DAS, cuyo fin primordial fue desprestigiar o desacreditar a altos funcionarios del Estado, concretamente a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, congresistas, periodistas y en general opositores del Gobierno a quienes se catalogó y trató como blancos políticos”.
En el escrito de acusación, se relata lo sucedido en un desayuno llevado a cabo el 12 de Septiembre de 2007 en el Club Metropolitan entre el secretario general de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado.
En ese desayuno, según los investigadores, Moreno transmitió a Hurtado, condenada por este escándalo, para que mantuviera informado al alto Gobierno sobre cuatro aspectos específicos: la Corte Suprema de Justicia, la exsenadora Piedad Córdoba, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell.
Para la Fiscalía, Velásquez y Del Castillo “conocieron y participaron en las ilícitas actividades ejecutadas por los organismos de inteligencia del Estado y contribuyeron de manera efectiva en la consecución del propósito criminal”.
En el documento se indica que Velásquez y Del Castillo “fueron receptores o consumidores de la información recaudada por el DAS, la UIAF y algunos particulares y además intervinieron en su posterior divulgación”.
La Fiscalía acusa también a los abogados Sergio González (ya condenado por el caso 'Tasmania', en el que un exparamilitar intentó salpicar al magistrado Iván Velásquez con un falso complot jurídico contra el expresidente Uribe) y Diego Álvarez Betancourt, abogado del exjefe paramilitar alias Don Berna.
Igualmente, el fiscal del caso señala que los actos cometidos por Velásquez y Del Castillo, “claramente desbordaba sus funciones y atribuciones legales y reglamentarias”.
En el documento, la Fiscalía hace un recuento del choque institucional desde 2006 entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia por las decisiones en contra de congresistas presuntamente vinculados con el paramilitarismo. (Lea también: Fiscalía imputa cargos a Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez).
La Fiscalía concluye que Edmundo Del Castillo y César Mauricio Velásquez “conocieron las actividades desarrolladas por los organismos de inteligencia del Estado para acopiar información financiera, privada y semiprivada de los magistrados de la Corte Suprema y de otras altas corporaciones”.
Adicionalmente dice que ellos dos “requirieron los resultados de esas averiguaciones, recibieron parte de la información recaudada por los organismos de inteligencia estatal y además participaron en la divulgación o filtración a medios de comunicación con el ánimo de desprestigiar a los funcionarios judiciales ante la opinión pública”.
Posteriormente se hace referencia a reuniones convocadas por Edmundo Del Castillo con presencia de personajes investigados por nexos con paramilitares como el exgobernador del Cauca Juan José Chaux y alias Job, con el fin de definir estrategias para hacer las grabaciones ilegales.
En la audiencia, Del Castillo, que se llevó a cabo ayer en el complejo judicial de Paloquemao -el escrito ya había sido radicado en abril y en él están todos los detalles de la acusación-, aseguró que se trata de “un mal montaje” y aseguró que nunca participó “en ninguna actuación ilegal ni en ningún montaje”, y afirmó que nunca “se persiguió a la Corte”.
Velásquez se encuentra residenciado en Italia y desde allá ha atendido las diligencias judiciales que por este caso se han desarrollado.
Según la Fiscalía, los actos desarrollados para “obtención y difusión furtiva de información” principalmente sobre la Corte Suprema de Justicia y la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina, “no hacían parte ni guardaban relación con las funciones y competencias discernidas al cargo que desempeñaba”.
Según la Fiscalía, Velásquez recibió documentos o datos recopilados para luego “intervenir en su entrega a algunos medios de comunicación para que fuera conocida por la opinión pública y afectar negativamente la imagen de estas personas”.
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