El avance del proyecto no cuenta con miradas positivas por parte de los conocedores del derecho penal.

Por decisión judicial, las personas que conduzcan en estado de embriaguez podrían perder su pase, de ser aprobada una iniciativa que ayer pasó su segundo debate en la plenaria del Senado.
Simultáneamente, la plenaria de la Cámara aplazó el estudio de un articulado que endurece el castigo a esos mismos motoristas.

El proyecto aprobado por el Senado, y que pasa a la Cámara, es el número 07 de 2010 Senado (acumulado con el 114 de 2010 Senado), “por el cual se modifica la Ley 769 de 2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas de embriaguez y reincidencia, y se dictan otras disposiciones”, radicado el 20 de julio por los senadores Alexandra Moreno, Manuel Virgüez y Carlos Alberto Baena, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira), Juan Lozano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), así como por la representante Gloria Stella Díaz, del Mira.

En el informe que le presentó ayer a la plenaria en su calidad de ponente el senador antioqueño Eugenio Prieto, del Partido Liberal, se consignó que “el proyecto de ley tiene como objeto principal modificar decisiones administrativas, tomadas de leyes anteriores, con miras a garantizar, en primer lugar, la cobertura de la sanción de cancelación y suspensión de la licencia de conducción a quien conduzca en estado de embriaguez, sin restricción alguna cuando sea descubierto en flagrancia y en segundo lugar la racionalidad de la sanción impuesta por la comisión de una misma infracción a la norma de tránsito o a cualquier falta a la norma, esto es, definir correctamente la reincidencia en materia de tránsito”.

Según el senador Baena, “con la iniciativa se busca avanzar en materia de seguridad vial en Colombia, castigando a las personas que consuman licor y conduzcan al mismo tiempo, así mismo en caso de reincidencia en el estado de alteración transitoria, se aplicará la sanción de cancelación de la licencia”.

Sin embargo, el senador Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, consideró “que en el Congreso debería empezar a cambiar el espíritu de la legislación, dejando a un lado de los pensamientos de sanción y empezar adentrarnos en una política de prevención”.

Ayer mismo, la plenaria de la Cámara aplazó la discusión, también en segundo debate, del proyecto número 206 de 2011 Cámara, acumulado con el número 253 de 2011 Senado, “por medio del cual se introducen modificaciones a la Ley 906 de 2004 Código de Procedimiento Penal, a la Ley 599 de 2000 Código Penal”, acerca del castigo a los conductores en estado de embriaguez, del que figuran como autores los senadores Baena y Virgüez, del Mira, y Roy Barreras, de La U, así como los representantes Díaz, del Mira, y Germán Varón, de Cambio Radical.
Sin embargo, el avance de estos proyectos no cuenta con miradas positivas por parte de los conocedores del derecho penal.

“La ausencia de controles más eficaces en muchos otros ámbitos, como por ejemplo en el de la concesión de licencias de conducción, han llevado a dirigir toda la atención para la solución” de la accidentalidad vial “al derecho penal. El problema es que el derecho penal no soluciona problemas”.

Con estas palabras el catedrático Ricardo Posada, profesor asociado y director del Área de Derecho Penal, Procesal Penal y Criminalística de la Universidad de los Andes, le comentó a EL NUEVO SIGLO los verdaderos alcances de los esfuerzos del Congreso para, por ejemplo, incrementar las penas para los conductores ebrios.