El presidente Juan Manuel Santos dijo que antes del 15 de enero posesionará a los magistrados de la JEP
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La cita que sostuvo el presidente Santos en Cartagena (Bolívar) con los líderes de Farc para analizar cómo va la implementación del acuerdo habría dejado más dudas que certezas. El Mandatario encabezó una reunión del componente internacional de la Comisión de Seguimiento, Impulso, Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI), con la participación de los expresidentes del Gobierno español, Felipe González, y de Uruguay, José Mujica.
Santos aseguró que los avances en la implementación son significativos teniendo en cuenta que ha transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para este proceso.
Por su parte, la Farc exigió al Gobierno hacer respetar el acuerdo, haciendo referencia a los ajustes que hizo la Corte a la Jurisdicción Especial de Paz así como a las modificaciones por parte del Congreso en varias normas que ha aprobado atinentes a la implementación.
El ahora partido político advirtió que acudirá ante instancias internacionales para hacer cumplir lo acordado.
Santos explicó que “hoy, transcurrido menos del 8% del tiempo previsto para la implementación del Acuerdo Final de Paz, los avances son claros: pusimos fin a un conflicto de más de medio siglo, sentamos las bases institucionales y normativas y avanzamos decisivamente en la construcción de la paz”.
No obstante advirtió que esos logros “no nos mueven a complacencias sino por el contrario, nos incentivan a trabajar de manera más ardua para continuar en la implementación efectiva del Acuerdo final y asegurar una paz estable y duradera”.
Las conclusiones del Gobierno:
1. Santos destacó lo que se ha hecho en materia de seguridad e indicó que a la fecha hay 123 integrantes de la ahora exguerrilla con protección. Se han aprobado 143 esquemas de protección, de los cuales 112 ya están implementados.
2. En el campo de la reconciliación el jefe de Estado reiteró que hay 3.238 personas de las Farc que estaban privadas de la libertad y recibieron algún tipo de beneficio. Entre ello se cuentan 476 amnistías y 197 indultos.
3. En el tema jurídico, el Gobierno manifestó que se expidieron 97 normas relacionadas con el proceso de paz, entre las que se incluyen 6 reformas a la Constitución, 6 leyes aprobadas por el Congreso y 85 decretos.
Las conclusiones de Farc:
1. La exguerrilla pedirá a la ONU que consulte las obligaciones del Estado colombiano para cumplir con el acuerdo de paz.
2. Márquez dijo que las competencias para establecer Acuerdos de Paz se reservan en la Constitución al Presidente, "quien únicamente tiene que dar cuenta de ellos al Congreso. Sin embargo, el Presidente ha obviado la utilización de sus facultades para alcanzar acuerdos de paz en orden al respeto y la correcta implementación de lo acordado". De esta forma, aseguran, se puede salvar lo fundamental de la Jurisdicción Especial para la Paz. El integrante de las Farc también pidió al Gobierno retirar el "epitafio que el Congreso le colgó a la Reforma Política".
3. La organización pedirá a la Cicr en Ginebra que consulte a su oficina jurídica "los compromisos que vinculan a un Estado que firma un Acuerdo Especial, como el que busca la terminación del conflicto colombiano".
Diferencias
El presidente Santos destacó los avances en materia de seguridad para los miembros de las Farc en su transición a la vida civil, sin embargo, Márquez dijo que hay una preocupación en crecimiento por "la inconformidad y desencanto de los antiguos guerrilleros en los espacios territoriales por los incumplimientos del Gobierno. En ninguna parte se ven proyectos productivos en desarrollo".
El asesinato de los líderes sociales es también otra inconformidad de las Farc quienes manifestaron que, "seguimos viendo asesinatos de líderes sociales y algunos ex miembros de las Farc. Vimos esto trágicamente en Tumaco y me entristeció enterarme del asesinato, en los últimos días, de un ex miembro de las Farc en Antioquia y dos líderes comunitarios en Nariño y Cauca".
Sin embargo, en su intervención el Mandatario indicó que "la protección de los líderes sociales es nuestra primera prioridad".
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