La Iglesia católica pidió al gobierno y al ELN, en fase pública de diálogos, un cese al fuego y de hostilidades bilateral por la visita del papa Francisco en septiembre.

Queremos "formulares nuestro llamado a concertar y convenir un acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades, como expresión de su voluntad, común con la del Pueblo colombiano, de acoger al Santo Padre y de darle la bienvenida a su persona y a su mensaje", indicó la institución en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos y a la comandancia del ELN.

Santos instaló en febrero diálogos con el ELN , que se desarrollan en Quito para superar medio siglo de conflagración interna.

Desde el comienzo de las negociaciones, que se llevan a cabo en medio de los enfrentamientos, el ELN ha abogado por un cese al fuego bilateral. Incluso, en junio pasado el jefe negociador de los rebeldes, Pablo Beltrán, pidió esta medida como parte del recibimiento al papa.

El gobierno condiciona esta medida a que los insurgentes cesen los secuestros y los ataques a los oleoductos.

Esperamos que "el anhelo colectivo de ponerle fin a la confrontación armada (...) tenga en el Papa Francisco un fuerte soporte espiritual y, por qué no, un testigo excepcional en el proceso de acuerdos definitivos y de expresiones hacia la paz completa entre los colombianos", agregó hecho público hoy.

En tanto, el jefe negociador del gobierno, Juan Camilo Restrepo, calificó de "oportuno" el llamado de la Iglesia, aunque reiteró que para su delegación es clave pactar además un cese de hostilidades con el ELN, alzado en armas en 1964 inspirados en la revolución cubana y en la Teología de la Liberación.

"No tendría sentido que se silencien los fusiles si al mismo tiempo no se suspenden las hostilidades", sostuvo Restrepo en una carta.

El funcionario aseguró que el pasado 13 de junio el gobierno le informó al ELN su "disposición de iniciar de inmediato" el estudio de las condiciones para acordar un cese bilateral al fuego y de hostilidades bilateral.

Pero para ello exigió que cesen los secuestros, las extorsiones, reclutamiento de menores y los ataques a infraestructura y oleoductos.