El defensor de derechos humanos y representante a la Cámara, Iván Cepeda respaldó en su decisión de retorno a las 20 familias campesinas de la comunidad de Pitalito, en Chimichagua y Curumaní (Cesar), quienes fueron víctimas de desplazamiento forzado de dos predios sobre los cuales tenían posesión ininterrumpida durante varios años.

El desplazamiento se produjo a partir del 24 de junio de 2010, debido a actos violentos en contra de los campesinos, protagonizados por miembros de la Fuerza Pública y de un grupo de civiles armados presuntamente al servicio de Juan Manuel Fernández de Castro, empresario palmero, quien es acusado de obligar a los reclamantes a vender de manera forzada sus mejoras sobre la tierra.

Desde la época del desplazamiento, la comunidad y aquellos que la acompañan han sido víctimas de a una serie amenazas, atentados, señalamientos y hostigamientos. Debido al desplazamiento forzado, a la crisis humanitaria que estaban afrontando, y a la deficiente atención por parte del Estado, estas familias decidieron retornar a sus tierras el pasado 21 de mayo.

El congresista Cepeda les solicitó a las autoridades regionales y nacionales que activen de inmediato un plan de atención y protección a esta comunidad, para evitar que continúen en situación de riesgo debido a las presiones ejercidas por los empresarios palmeros que esgrimen la propiedad de los predios en cuestión.