Presentando pruebas del supuesto apoyo del ex presidente a un grupo paramilitar en los años 90, el parlamentario Iván Cepeda solicitó a la Fiscalía una investigación para Álvaro Uribe.

Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, divulgó un video con el testimonio de un empleado de una finca de la familia del ex presidente colombiano, en el que éste señala que Uribe, cuando era gobernador de Antioquia en los 90, colaboró con la formación de un grupo paramilitar en la zona y ordenó la desaparición forzada de un comerciante.

Juan Monsalve, el ex empleado de la finca Guacharacas que se unió al grupo paramilitar Metro, señaló además en ese testimonio que Uribe tuvo apoyo de los paramilitares para su primera elección presidencial en 2002.

"Hicimos mucha política. El bloque Metro puso los carros para sacar a la gente de las veredas. Pintaron las paredes con consignas que decían Alvaro Uribe a la presidencia. Prácticamente a él lo montamos nosotros en la presidencia", dijo Monsalve en el video.

El congresista aseguró en una rueda de prensa que entregó copia de ese testimonio a la Fiscalía para que investigue esas declaraciones, coincidentes con otras del ex jefe paramilitar Pablo Sierra, alias Alberto Guerrero, que Cepeda había difundido a principios de septiembre. Hasta ahora, la Fiscalía no ha hecho ningún comentario sobre el caso.

En cambio, Uribe envió varios mensajes desde su cuenta en la red social Twitter, descalificando los señalamientos. "Tengo que perder tiempo en infamias de Cepeda. Ladrón juzga por su condición", fue uno de esos mensajes. A la vez, Cepeda declaró que no respondería "insultos". "Simplemente, Uribe debe responder ante la justicia. Le recomiendo que se busque buenos abogados porque los va a necesitar", dijo el parlamentario.

Tanto Monsalve como Sierra se encuentran presos en Colombia por delitos relacionados con el paramilitarismo. Sus testimonios fueron recogidos por el propio Cepeda en las cárceles de Cómbita y de Itagüí. Sin embargo, ninguno de ellos dos calificó para obtener los beneficios judiciales del proceso de desmovilización, por haberlo intentado fuera de los tiempos, explicó Cepeda.

AFP