Cuando apenas esta es la segunda semana de la nueva legislatura, el opositor Centro Democrático entró con los taches arriba, como se dice en el fútbol, porque en dos debates de control político le pedirá cuentas al Gobierno sobre restitución de tierras así como erradicación de cultivos ilícitos y zonas de reserva campesina.

La semana pasada, el senador Álvaro Uribe se quejó durante el debate sobre la paz que adelantaron en la plenaria del Senado los copresidentes del Partido de la U y del Partido Liberal, que en la anterior legislatura no le aprobaron al Centro Democrático un debate sobre este tema.

Por lo que el nuevo presidente de esta Corporación, Luis Fernando Velasco, no tuvo otra para calmar los ánimos que permitir a los senadores del Centro Democrático, incluyendo al expresidente Uribe, intervenir a pesar de que no figuraban entre los citantes.

Sin embargo, esta semana el Centro Democrático sí estará a sus anchas porque tiene preparada una fuerte artillería con dos debates de control político en las dos cámaras sobre temas que son sensibles para el Gobierno nacional.

El primero de ellos está programado mañana en la Comisión Primera del Senado sobre la erradicación de cultivos ilícitos y zonas de reserva campesina, el cual fue citado por los senadores Paloma Valencia Laserna, Alfredo Rangel Suárez y José Obdulio Gaviria.

Para tal fin, la bancada del Partido Centro Democrático en la Comisión Primera del Senado citó al ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; al director del Incoder, Ariel Borbón Ardila; a la directora del Departamento para la Prosperidad Social, Tatyana Orozco de la Cruz y al director de la Dirección contra Cultivos Ilícitos, general Rafael Alfredo Colón.

A este debate de control político fue invitado el procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.

El otro debate de control político del Partido uribista está programado este miércoles para realizarse en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la problemática suscitada en Colombia con el fenómeno de la restitución de tierras, el cual fue citado por la representante María Fernanda Cabal Molina.

Para tal fin, la Parlamentaria citó al ministro  de Agricultura y Desarrollo Rural, Aurelio Iragorri Valencia; al gerente del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Ariel Borbón Ardila; al director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal Urrego;  a la directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria; al director de la Unidad de Protección, Diego Fernando Mora Arango; al director General de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino López; al comandante General del Ejército, mayor general Alberto José Mejía Ferrero y al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García.

Al debate fue invitado el procurador Delegado para Asuntos de Restitución de Tierras, Germán Daniel Robles Espinosa.

Catatumbo

Previo al debate en la Comisión Primera del Senado, la legisladora Paloma Valencia presentó a los funcionarios del Gobierna nacional un cuestionario sobre el manejo de la política de erradicación de cultivos ilícitos y las zonas de reserva campesina, particularmente en lo que tiene que ver con la región del Catatumbo.

Sobre el particular el senador José Obdulio Gaviria explicó a EL NUEVO SIGLO que “las respuestas de los funcionarios citados se deben referir a toda la política del Gobierno nacional que ha permitido el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo en particular”.

En tanto que sobre el tema de las reservas campesinas, el parlamentario Gaviria dijo que “queremos saber qué está pensando el Gobierno respecto a las afirmaciones de las Farc que pretenden prácticamente unas zonas de reserva campesina, que sumadas representan más o menos 9 millones de hectáreas, y su política de autonomía de las zonas, que el ministro Juan Camilo Restrepo llamó republiquetas”.

La  semana anterior circuló la especie que se reanudarían las fumigaciones con glifosato a cultivos ilícitos en el Catatumbo, frente a lo cual el propio procurador Alejandro Ordóñez dijo que “significaría un inexplicable acto de incoherencia”, después de que la administración Santos en mayo pasado decidió suspender las fumigaciones con este herbicida porque agencias adscritas a la Organización Mundial de la Salud lo clasificaron como posible cancerígeno.

Sin embargo el viernes pasado, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aclaró en su  cuenta en Twitter que no se ha tomado una decisión al respecto y que está en discusión.