La firma norteamericana CB&I (Chicago, Bridge and Iron), a la que Glencore transfirió la construcción de la refinería de Cartagena, se estaría yendo del país sin entregar toda la información que requiere la Contraloría General de la República para adelantar la auditoría a Reficar y establecer los responsables de los sobrecostos y demás situaciones irregulares que señaló el organismo de control en un estudio sectorial revelado esta semana.

Así lo advirtió el contralor Edgardo Maya Villazón. “La información que tiene la Contraloría, y que la vamos a constatar, es que se están yendo del país y creo que pueden incurrir en algunas conductas de carácter penal”, aseguró.

 “Aquí hay que entregar toda la información, no se puede borrar la información y no se pueden sustraer los discos duros de los equipos, que es lo que están haciendo, según algunas denuncias que se han conocido”, enfatizó.

Dijo que la Contraloría necesita toda la información posible sobre la forma como se ejecutó la construcción de la Refinería de Cartagena, para poder entregar al país los resultados sobre los responsables del incremento de US$4.023 millones en  los costos y la feria de adiciones de contratos que se dio aquí.

El pasado  martes se instaló en Cartagena la comisión que realizará la auditoría al proyecto Reficar y, en caso de que se requiera confiscar documentos, discos duros y cualquier información adicional de CB&I, la Contraloría General de la República hará uso de las funciones de policía judicial de que está investida para estos efectos, anunció el contralor Maya Villazón.

 “En la auditoría que iniciamos vamos a profundizar en las situaciones que se encontraron en el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía, en materia de contratación y subcontratación, y a precisar cuál es la calidad constructiva de la obra, la eficiencia de la inversión y la magnitud del impacto fiscal de la misma. Y esperamos que Reficar siga entregando la información requerida, como lo ha hecho hasta ahora”, anotó.

El funcionario aclaró que la Contraloría General de la República no se opone a las grandes obras que se ejecutan en el país, pero debe estar vigilante para que situaciones como las de Reficar no se repitan.

Indicó entonces que para la Contraloría ha resultado muy grave la decisión de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional la función de Control de Advertencia de que estaba investido el organismo de control, la cual se pudo aplicar en su momento cuando se hizo la venta de Telecom, por ejemplo, pero no ahora con la venta de Isagen.

 Anunció al respecto que acudirá en marzo ante el Congreso de la República para solicitar que se apruebe un proyecto de ley que eleve a norma constitucional este control de advertencia y pueda ser reactivado.

 Para el contralor Maya Villazón, la Contraloría está hoy limitada a ejercer un control posterior que solo le permite llegar “cuando la fiesta se ha acabado”, apenas para recoger los platos rotos y levantar un acta de defunción, cuando lo que deben hacer los órganos de control es advertir y hacer una intervención en tiempo real.

Consideró entonces que es un argumento absurdo e inadmisible indicar que solo cuando se acaben concesiones como la doble calzada Bogotá-Girardot o el Aeropuerto Eldorado, en 30 años, puede hacer presencia la acción fiscalizadora de la Contraloría.