El Juez Único Promiscuo de Santa Lucía (Atlántico), con funciones de control de garantías, profirió medida de  aseguramiento consistente en detención domiciliaria contra cuatro mujeres que al parecer harían parte de una red dedicada a falsificar certificados de tradición, luego  de que la Fiscalía de Sabanalarga les formulara cargos por los delitos de  concierto para delinquir con fines para fraude procesal y estafa en concurso con uso de documento público.

Funcionarios del CTI en Atlántico, con apoyo del Ejército, capturaron a las mujeres, que se dedicaban a vender inmuebles y presentando para facilitar el negocio  emitiendo certificados de tradición adulterados para con ello inducir en error a las víctimas y a los notarios. Una vez que recibían la cuota inicial, realizaban cambio de domicilio y de líneas telefónicas.

Según labores investigativas, la modalidad de estafa se daba con anotaciones de venta, pacto de retroventa y arrendamiento, presuntamente para que el vendedor no perdiera la tenencia del inmueble.

Al parecer, la banda era dirigida por Alba Vizcaíno Galvis, de 57 años de edad, que  se aprovechaba de su condición de servidora pública y trabajadora activa en la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Sabanalarga, donde se encargaba de la sala de cómputos.

Allí se realizaban las modificaciones a los certificados de tradición y al parecer conformaron una empresa criminal, en la que también estarían vinculadas Marleny Isabel Urueta Ruiz, corredora de inmuebles de 57 años de edad; Ludís Escorcia Galindo, docente de 53 años de edad, y Delvis Castro Estrada, docente de 40 años de edad.

Según la Investigación, desde el 2012 las procesadas vendrían utilizando esta modalidad y llegaron a efectuar siete pactos de retroventa por una 102 millones de pesos que afectaron a residentes de Sabanalarga, Baranoa y, además, del corregimiento de Campeche

La Fiscalía también le formuló a Alba Vizcaíno Galvis los delitos de falsedad ideológica en documento público, abuso de función pública, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y acceso abusivo a un medio informático agravado.