Casi el 55% de los municipios que tiene el país no han actualizado su catastro. En efecto, de 1.100  municipalidades, en 692 no se han preocupado por adecuar esos catastros a precios y medidas de hoy.

Así lo señaló el superintendente encargado de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, durante un foro convocado por la Cámara de la Propiedad Raíz en Bogotá.

Mesa Guerra sostuvo que ante esta situación, el Gobierno colombiano alista un proyecto para que en el país haya una nueva Ley de Catastro y el camino para sacarlo adelante será el mecanismo del denominado fast track.

En su presentación, el funcionario encargado hoy de velar por la legalidad de los títulos de propiedad de la tierra en el país, explicó que se pretende una reforma estructural en este campo, máxime si se tiene en cuenta que, de los 1.100 municipios colombianos, en 692 no está actualizado el catastro y en 81 es inexistente.

Mesa Guerra anunció, además, que el Banco Mundial le autorizó un préstamo a Colombia por US$150 millones, recursos que servirán para adelantar un programa de actualización catastral en cerca de 110 municipios, distintos a los once que el Gobierno nacional acaba de incluir en un piloto anunciado hace pocos días.

De acuerdo con el Supernotariado, con la actualización del sistema nacional de Catastro los municipios colombianos pudieron aumentar hasta 2,5 veces sus ingresos por concepto de impuesto predial, al tiempo que la base para liquidarlo debería acercarse más al valor comercial de las propiedades.

De hecho, Mesa resaltó uno de los aspectos del primer punto acordado en las negociaciones de paz con las Farc en La Habana y que se refiere concretamente a “implementar un mecanismo de resolución de conflictos de tenencia y uso y de protección de la producción alimentaria, así como a emprender la actualización del catastro rural y a establecer un impuesto predial progresivo”.

Mesa también anunció que otro de los puntos que incluirá el proyecto de ley es que las actividades de Catastro puedan ser prestadas tanto por entidades públicas como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, como por organizaciones particulares como las lonjas de propiedad raíz.

Al respecto, la presidenta de la Cámara de la Propiedad Raíz, Gloria Bonilla, aseguró que esta es una gran oportunidad para las organizaciones y firmas dedicadas a la actividad de finca raíz, pero se mostró partidaria de una reglamentación muy clara y precisa, para que la actividad catastral se ejerza con absoluta responsabilidad y profesionalismo.

De acuerdo con la presentación del Supernotariado, entre lo agendado en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, se estableció una política de desarrollo agrario integral bajo los siguientes ítems: a) Acceso y uso de la tierra. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de zonas de reserva. b) Programas de desarrollo con enfoque territorial. c) Infraestructura y adecuación de tierras. d) Desarrollo social: Salud, educación, vivienda, erradicación de la pobreza. e) Estímulo a la producción agropecuaria y a la economía solidaria y cooperativa. Asistencia técnica. Subsidios. Crédito. Generación de ingresos. Mercadeo. Formalización laboral. f) Sistema de seguridad alimentaria.

Explicó el funcionario que en lo acordado en materia de tierras, figura la conformación de un Fondo de Tierras de distribución gratuita, implementar un mecanismo de resolución de conflictos de tenencia y uso y de protección de la producción alimentaria, así como a emprender la actualización del catastro rural y a establecer un impuesto predial progresivo, así como a promover el acceso a la tierra y la planificación de su uso en las Zonas de Reserva Campesina.