A diferencia de lo que muchos esperaban, Puigdemont se negó a convocar elecciones en Cataluña. Con esto, Rajoy queda  a la espera del texto que será aprobado por el Parlamento español para intervenir la región. ¿Negociará, en vez de eso?

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EN AVE (tren rápido) o en avión, Carles Puigdemont, presidente del Gobierno de Cataluña, hoy puede llegar a Madrid, para comparecer ante el pleno del Parlamento español. Esta posibilidad, sin embargo, fue descartada ayer por el mismo líder independentista, que, pese a los reiterativos ofrecimientos de sus opositores en el legislativo catalán, ha dicho que no va a viajar a la capital, donde, dice él mismo, suele ir muy poco, casi nunca.

La coyuntura sobre la unidad española sigue sin resolverse. Bajo una enorme expectativa, que terminó por acrecentar las dudas, Puigdemont dijo ayer que no aceptaba las “medidas (del 155) por injustas” y explicó que “el 155 es una aplicación fuera de la ley abusiva e injusta que busca erradicar no sólo al independentismo sino a toda la tradición del catalanismo. No acepto estas medidas”.

El presidente catalán se opuso a lo que todos esperaban: convocar las elecciones parlamentarias. En su misiva, aclaró que “corresponde al Parlament decidir qué se tiene que hacer para evitar los efectos del 155”, dejando la puerta abierta para que la declaración de independencia, hoy suspendida, quede activada.

De un lado y del otro

El tire y afloje entre el Gobierno español y las autoridades catalanes sigue igual. De uno y otro lado, las partes intentan enviar mensajes para llegar a una eventual negociación en igualdad de condiciones.

Encabezado por el partido de gobierno, Partido Popular, el estado central busca la aplicación del artículo 155 de la constitución española, cuya regulación será tramitada en un decreto este viernes en el Parlamento. Los independentistas catalanes, por su parte, insisten en la declaratoria de independencia, pero están divididos sobre el momento en que se debe decretar.

"Es posible que, entre hoy y mañana, las partes anuncian un diálogo,  que los mismos involucrados confirmaron que ha existido​​​​​​"​

En la presentación ante el legislativo catalán, el delegado de Juntos Por el Sí, el separatista de Lluís Corominas, explicó que van a “continuar con el mandato del pueblo fijado el 1 de octubre”, lo que significa seguir buscando la independencia. Unidos por la misma causa, la CUP, una colectividad antisistema, le pidió a Puigdemont que cumpla que haga efectiva la secesión hoy, criticando sus últimas decisiones.

Este viernes, con las posiciones fijadas en los extremos, se espera que haya un acercamiento entre las partes. Rajoy le dio a Puigdemont un “día y medio” para que comparezca al Parlamento, extendiendo este plazo hasta el sábado. Si no lo hace, es muy posible que, como lo ha anunciado, el Estado central intervenga en Cataluña, generando una inestabilidad política nunca antes vista desde la transición a la democracia en España.

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha advertido que de darse la intervención “la factura y la fractura social, tardarán años en revestirse” y le pidió a Puigdemont que convoque elecciones autonómicas porque es la única manera “diga, democrática y limpia” de volver a la legalidad.

El bloque opositor en Cataluña ha intentado concientizar a Puigdemont de los efectos que puede traer la continuidad del intento independentista. Para frenar de tajo su intención, Rajoy cree que la aplicación del artículo 155 es prudente y necesaria, ante la negativa de las autoridades catalanas.

La manera cómo se aplique este artículo tiene diferentes lecturas entre los distintos partidos políticos. El PP, como fuerza mayoritaria, considera que las conductas reiterativas de Puigdemont no dejan otra opción que intervenir, como lo ha advertido la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Esta visión cuenta con el apoyo de Ciudadanos, fuerza política de origen catalán.

En la misma línea, pero con algunos reparos, el Partido Obrero Socialista (PSOE) defiende la intervención, pero cree que esta tiene unas excepciones, que se cumplen siempre y cuando las autoridades catalanas convocan a elecciones generales.

Según el portal el Diario, de Madrid, el Gobierno y el PSOE han venido negociando una enmienda que permita suspender la intervención, en caso que Puigdemont esté de acuerdo con las elecciones.

La posible ley que el legislativo español apruebe hoy tendría,  además de estas garantías,  un dictamen que prohíbe la destitución de Puigdemont y el control de los organismos autonómicos por Madrid, que incluyen la policía (los Mossos), más allá de que haya intervención.

Semana de diálogo

Es posible que, entre hoy y mañana, las partes anuncian un diálogo,  que los mismos involucrados confirmaron que ha existido. Diálogo, sin embargo, es diferente a acercamiento,  aunque las partes no se atrevan a decir exactamente bajo qué parámetros han hablado.

El margen de negociación aún es amplio, según algunos analistas, siempre y cuando las partes no adopten posiciones proclives al choque, como la intervención autonómica o la declaratoria de independencia.

La progresividad de la intervención, una de las propuestas de los socialistas, puede ser el mecanismo que Rajoy adopte este fin de semana (viernes o sábado), si los independentistas se niegan a convocar elecciones. Se trata del restablecimiento “del orden” y “la ley” –como lo ha dicho el jefe de gobierno- adoptando medidas que conlleven a Puigdemont a dejar a un lado su intención secesionista.

No es claro, no obstante, de qué tipo de medidas se trata. Como se ha dicho, el Ejecutivo descarta destituir a Puigdemont y tomar control de las principales autoridades catalanas. Pero, entonces, ¿qué puede hacer?

Dividida y al margen de las discusiones parlamentarias, la sociedad catalana se encuentra en medio de la disyuntiva. Además,  un poco más de 1.600 empresas han trasladado su sede social a otras partes de España, amenazando la economía regional.

Por miedo económico o nostalgia, los partidarios de seguir en España han vuelto a las calles para reclamar la unidad. Inflexibles, los independentistas también han salido para lo contrario: desligarse de España.

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