“Con sus decisiones”, dijo, los dirigentes catalanes han demostrado “una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado”.

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El rey de España, Felipe VI, acusó este martes a los dirigentes catalanes de situarse "totalmente al margen del derecho y de la democracia", y afirmó que el Estado va a "asegurar el orden constitucional", dos días después del referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia.

"Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado", declaró en su alocución televisada, la primera reacción a la consulta.

Según él, los dirigentes independentistas catalanes, "con su conducta irresponsable incluso pueden poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España".

"De una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia". Como resultado, añadió, "hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada".

Por ello, y "ante esta situación de extrema gravedad", apuntó, "es responsabilidad de los legítimos poderes del Estado asegurar el orden constitucional y el normal funcionamiento de las instituciones, la vigencia del Estado de Derecho y el autogobierno de Cataluña, basado en la Constitución y en su Estatuto de Autonomía".

Entre otras medidas, el Estado español puede recurrir al artículo 155 de la Constitución española, que permite intervenir la autonomía de una región si "no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan".

Desde hace meses se ha especulado sobre si el gobierno español de Mariano Rajoy recurrirá a esa medida en Cataluña.

Este lunes, el ministro de Justicia no lo descartó, afirmando que ante una eventual declaración unilateral de independencia, el Estado hará "todo lo que la ley permite para impedir que sea así".

Según el ejecutivo catalán, el sí a un "Estado independiente en forma de república" se impuso el domingo con un 90%, es decir 2,02 millones de votos, y una tasa de participación del 42,3%.

La votación no tuvo ninguna de las garantías habituales, ya que el censo electoral no era transparente, no había junta supervisora y tampoco hubo cabinas para asegurar que el voto fuera secreto.

Sin embargo, el presidente regional, Carles Puigdemont, indicó que enviará los resultados al Parlamento catalán, para que actúe conforme a la ley del referéndum, aprobada a comienzos de mes y al igual que el referendo suspendida por la justicia española.

 Protestas

Este martes, en una jornada de huelga general y manifestaciones, 700.000 personas protestaron en Barcelona -según cifras de la policía municipal- contra la violencia de las fuerzas del orden del Estado contra el referéndum de independencia del domingo, y que dejaron numerosos heridos -900 personas requirieron atención médica, según el gobierno catalán.

"Es una verdadera vergüenza (...) Un rey representa a un pueblo, a todos, no solo a una parte", dijo indignado Domingo Gutiérrez, de 61 años, tras ver el discurso de Felipe VI en un bar de Barcelona. "No ha dicho ni una palabra de los heridos. Imagino que para él no existen".

Gerard Mur, un periodista en paro de 25 años, reprochó que el rey "no se ha posicionado ni un poco del lado catalán". "No solo en ningún momento ha mencionado a las víctimas, sino que se ha enrocado mucho en el bloque constitucionalista", añadió. 

Al grito de "¡Fuera las fuerzas de ocupación!", cientos de miles de personas se manifestaban en Barcelona, en el marco de una huelga general para denunciar la violencia policial durante el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia, que agravó la crisis con el gobierno español.

"Hasta ahora tenía mis dudas, porque no veía claro que la independencia nos beneficiase, y voté 'no' el domingo. Pero con la represión me doy cuenta de que tenemos que irnos" de España, explicó una de ellas, María Dolores Pardillo, catalana de 59 años.

Los transportes, los bancos, las instituciones oficiales del gobierno catalán y el pequeño comercio siguió el cierre patronal.  

Entre los manifestantes, reinaba la sensación de que los acontecimientos del domingo han hecho inevitable la ruptura con España.

Europa no mediará de momento

Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo catalán llevó a cabo el domingo una consulta sobre la independencia pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.

En un intento de impedirlo, policías nacionales y guardias civiles recurrieron a porras, patadas, empujones y balines de goma contra manifestantes decididos a votar.

Pese a todo, 2,2 millones de personas lograron participar en la consulta sin garantías legales. Ante impedimento de los partidarios del 'no', un 90% votó a favor de la independencia.

La Unión Europea (UE) y Naciones Unidas pidieron al gobierno de Rajoy que dialogue con el ejecutivo independentista catalán, que amenaza con una declaración unilateral en los próximos días.

Los comisarios europeos abordaron la cuestión, pero descartaron mediar, reiterando su posición de que "esto es un asunto interno de España".

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