Cientos de personas se presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para autoinculparse de haber participado en una votación simbólica sobre la independendencia y protestar así contra la investigación al presidente catalán, comprobó un fotógrafo de la AFP.

Esta protesta, organizada por la Asamblea Nacional Catalana (ANC), favorable a la autodeterminación, tiene lugar un día después de la apertura de una instrucción sobre la consulta del 9 de noviembre, a raíz de varias querellas, principalmente una de la fiscalía.

Esta se dirige contra el presidente nacionalista Artur Mas, como principal organizador, la vicepresidenta Joana Ortega y la responsable de educación Irene Rigau, por desobedecer una decisión del Tribunal Constitucional que suspendía esa votación simbólica.

Finalmente unos 2,3 millones de personas participaron en la consulta y cerca de 1,9 millones se pronunciaron a favor de la independencia.

Cataluña tiene 7,5 millones de habitantes.

Según el texto, la persona que lo firma considera "ilegítimo" que el gobierno español pidiese esa suspensión. "Coarta mis derechos fundamentales a la libertad de expresión y opinión", afirma.

Los firmantes dicen advertir así a la justicia de su participación en la votación "por si pudiesen ser constitutivo de una infracción penal".

"Es un acto de denuncia al hecho que las instituciones judiciales españolas hayan decidido este proceso de judicialización de la política", explicó a la AFP Andreu Porta, profesor desempleado de 24 años y uno de los impulsores de la iniciativa.

Según los organizadores, casi 600 personas respondieron al llamado de ANC presentándose ante el TSJC en Barcelona para autoinculparse. Otros podían hacerlo en otros juzgados.

No se pudo contactar en lo inmediato con el tribunal.

"Estas cosas pasan cuando se quiere llevar la política a la justicia", declaró Ricard Gené, un abogado de 53 años de la ANC que se autodenunció el martes.

"Si alguien piensa que a través de querellas criminales el proceso catalán se va a parar, pues realmente están muy equivocados", lanzó por su parte el portavoz del gobierno regional catalán, Francesc Homs. 

"No hay ningún precedente en un país democrático de que a la gente se le presenten demandas por poner urnas", denunció.

El responsable del Partido Socialista catalán, Miquel Iceta, consideró por su lado que la decisión de la justicia es "una mala noticia". "Esperamos que no se traduzca en ningún tipo de sanción penal", agregó/AFP.