El ejecutivo nacionalista catalán, enfrentado al de Madrid por su deseo de celebrar un referéndum sobre la independencia, instó al jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, a una reunión en Barcelona acusándole de no hacer "ninguna propuesta" ante el conflicto.

El presidente catalán, el nacionalista Artur Mas, "estaría encantado de recibirle y de darle contenido, por fin, a ese diálogo que a veces tenemos la impresión que solo es un elemento retórico porque no hay ninguna propuesta por parte del señor Rajoy", lanzó el portavoz del ejecutivo regional, Francesc Homs.

Decidido a "explicar mejor sus razones" en Cataluña, región del noreste del país donde crece desde hace años el sentimiento independentista, Rajoy tiene previsto viajar a Barcelona el 29 de noviembre, según una fuente del gobierno español.

Durante esa visita, tres semanas después de la organización pese a su veto de una consulta simbólica sobre la independencia en Cataluña, solo prevé clausurar unas jornadas de su formación, el conservador Partido Popular, según la misma fuente.

"Si de lo que se trata es de explicarse y la manera de hacerlo es mediante un acto de su partido, pues... es tan legítimo como cualquier otra iniciativa", señaló Homs con cierta ironía. "Pero que sepa que tiene abierta la puerta" del gobierno catalán para dialogar, subrayó.

Rajoy respondió el lunes a una carta de Mas en la que éste le pedía negociar "una consulta definitiva y políticamente vinculante" sobre el futuro de Cataluña, explicó Homs, pero en ella "no se dice nada nuevo".

El gobierno no divulgó el contenido de la carta pero, según la prensa, en ella Rajoy reitera que "la soberanía nacional no es negociable".

Homs también denunció lo que considera "injerencias inaceptables" de Madrid en la justicia para que se presente una querella contra Mas y otros miembros de su gobierno por organizar la votación simbólica del 9 de noviembre tras su suspensión por el Tribunal Constitucional.

"Creemos que esto devalúa el estado de derecho", fustigó.

Un conflicto surgió el lunes entre el fiscal superior de justicia de Cataluña y su superior, el fiscal general del Estado. El primero considera que "no procede iniciar acciones penales", pero el segundo ordenó que sí se haga. 

La decisión definitiva debe tomarse tras una reunión de la cúpula de fiscales convocada para el miércoles.