Tras elreciente escándalo en el que el general retirado de la Policía, Flavio Buitrago, quien fue detenido por presuntos vínculos con narcotraficantes, un proyecto de ley que abre la posibilidad de suspender los ascensos de los miembros de la Fuerza Pública causa polémica por la inclusión de un artículo que aprueba la degradación de los militares y uniformados que incurran en faltas disciplinarias y penales.

Sobre la iniciativa, que fue aprobado en el Senado y entró a la Cámara a primer debate, el representante conservador Telésforo Pedraza, quien es el ponente del articulado, pidió su archivo por considerar que esta es una “afrenta al honor” de los uniformados.

“Va en total contravía con los derechos fundamentales de nuestros militares y policías, pues al crear una sanción accesoria mucho más gravosa que la sanción principal, se vulnera los derechos fundamentales al Debido Proceso (artículo 29 de la Constitución), a la igualdad (artículo 13 de la Constitución), al buen nombre (artículo 15 de la Constitución), y a los derechos y honores legalmente adquiridos”, señala la ponencia negativa.

El Representante señaló que en su trámite por el Senado, a la iniciativa se le incluyeron tres artículos que rompieron la unidad de materia.

“En la Plenaria del Senado se aprobaron tres artículos nuevos al proyecto de ley, los cuales tienen un alcance tal que constituyen una vulneración directa al principio de unidad de materia (…) lo cual no guarda una relación objetiva y razonable con la temática general y la materia dominante del Proyecto de Ley original, como es, la creación de un trámite para la aprobación o improbación de los ascensos, tal como lo expresa la Corte Constitucional”, precisa el documento.

Con base en estos argumentos, el Congresista aseguró que “el proyecto es inconstitucional”.

“Es pertinente”

El representante por el Polo Democrático, Iván Cepeda, expresó una posición contraria al señalar que incluso es pertinente,  sobre fallos judiciales y disciplinarios, que los integrantes de la Fuerza Pública pierdan sus derechos salariales.

“Eso es absolutamente pertinente y que además de eso deberían contemplarse que la posibilidad de que las personas que sean halladas culpables de delitos pierdan cualquier clase de derechos y de ingresos salariales y pensionales una vez que se produzcan sentencia o decisiones de carácter disciplinario”, recalcó Cepeda.

El Representante calificó de “inaudito” que en el caso del general retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, condenado por la justicia de Estados Unidos por haber tenido vínculos con grupos al margen de la ley, siga recibiendo pensión.  “Es increíble que a estas alturas el general en retiro Mauricio Santoyo, extraditado a Estados Unidos, siga devengando una pensión”.

Rechazo de militares

Frente a la iniciativa, la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), rechazó el proyecto, al considerar que este “es una gran ofensa para el honor militar”

“El tipo de sanción que se propone, sin duda alguna, constituye una gran ofensa a la dignidad militar y policial por cuanto querer despojar de sus jerarquías, insignias y distinciones a quienes los han obtenido sirviendo a la patria legal y constitucionalmente en defensa de su soberanía y de sus instituciones”, indicó la organización.

Frente a la facultad del Senado para aplazar ascensos cuando “existan dudas jurídicas o de conveniencia política”, según el artículo 11, la Asociación dice que se viola el principio de la buena fe.

¿Qué dice el proyecto?

El proyecto de ley 336 de 2013 Cámara – 092 de 2012 Senado por la cual se desarrolla el inciso 2° del artículo 173 de la Constitución Nacional y se dictan otras disposiciones en su artículo 1 dice que “la presente ley tiene por objeto establecer el trámite de aprobación o no aprobación ante el Senado de la República, de los ascensos militares que decrete el Gobierno nacional, de los oficiales generales y los oficiales de insignia de la Fuerza Pública”.

El Artículo 11 señala que “la Comisión Segunda o la Plenaria del Senado de la República podrá aplazar uno o varios ascensos cuando existan dudas jurídicas o de conveniencia jurídica sobre la idoneidad de quien o quienes ascienden”

El Artículo 12 reza: “Crease la figura de degradación militar y policial, la cual consistirá en una sanción accesoria interpuesta por el Juez Penal Militar o Policial, el juez ordinario o el operador disciplinario cuando el investigado haya sido encontrado culpable por el un delito o falta disciplinaria. La degradación producirá la disminución de la asignación salarial, privación del grado, insignias, distintivos, condecoraciones o medallas militares o policiales además de las sanciones o penas impuestas. La degradación podrá afectar a miembros activos o retirados”.

Oficiales procesados

Los casos más recientes de integrantes de la Fuerza Pública acusados de participar en diferentes delitos, corresponden a los generales retirados de la Policía, Flavio Buitrago y Mauricio Santoyo. En el primer caso, el uniformado fue detenido la semana pasada acusado de haber tenido vínculos con el narcotraficante Marco Antonio Gil, alias el Papero. El oficial, quien fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, es señalado de enriquecimiento ilícito y fue recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía, (CESPO). Por su parte, Santoyo fue condenado  en 2012 por la justicia norteamericana a 13 años de cárcel por el delito de apoyo material a organizaciones terroristas. Santoyo fue jefe de seguridad de la Casa de Nariño en el Gobierno de Álvaro Uribe.