El Juez 46 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías  aprobó una prórroga al principio de oportunidad que favorece a Blanca Jazmín Becerra Segura y a Sandra Liliana Rojas García, quienes fueron condenadas por 8 delitos relacionados con la defraudación millonaria a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El juez en su decisión consideró que la petición para prorrogar  por un año más el principio de oportunidad, es necesaria a fin de que las dos sentenciadas puedan cumplir con el compromiso de la verdad, la justicia y la reparación que se propone la Fiscalía en beneficio del propio estado.

En audiencia pública, el Fiscal 14 Especializado de la Dirección Nacional Especializada Antinarcóticos y Lavado de Activos señaló que la prórroga se hace necesaria, con el propósito de que las dos sentenciadas sirvan como testigos a favor del ente acusador, y que permitan poner al descubierto más personas responsables de la defraudación. El cese de la persecución penal será de 365 días a partir de la fecha, dijo el fiscal del caso.

Blaca Jazmín Becerra Segura era quien manejaba la extensa red delictiva, razón por la que se le condenó por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación y lavado de activos; cargos que la exfuncionaria aceptó. Sin embargo, el principio de oportunidad es por las conductas de falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo, falsedad en documento público en concurso homogéneo y sucesivo, fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo, y exportación  e importación ficticia en concurso homogéneo.

Por su parte, Sandra Liliana Rojas García, una de las contadoras de las empresas de papel creadas por la red, tras aceptar cargos, purga la condena en la cárcel El Buen Pastor por concierto para delinquir, peculado por apropiación, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Mientras que por los mismos punibles que Becerra Segura, tiene el principio de oportunidad prorrogado.

Según la Fiscalía, desde el 2006,  mediante empresas ficticias que pusieron a funcionar en varias ciudades del país y utilizando documentos falsos, entre ellos pólizas y facturas con las cuales se demostraban compras también ficticias, los integrantes de la red se apoderaban de  los dineros que la DIAN devolvía por concepto del IVA por exportaciones e importaciones de cuero, chatarra y textiles.

Las dos mujeres se encuentran privadas de  la libertad desde el 22 de Julio del 2011, por orden de la Juez 14 Penal Municipal de Bogotá con función de control de garantías.