Los representantes investigadores aseguraron que esta célula legislativa impartirá justicia en la investigación que abrió contra los ex magistrados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos. Esta instancia apenas ha producido un fallo de fondo en 25 años

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Casi dos años luego de que la Comisión de Investigación de la Cámara acusara ante la plenaria de esa Corporación al entonces magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, por el delito de concusión, esta discutida célula legislativa enfrentará otro reto por el escándalo de la presunta venta de fallos en la Corte Suprema para favorecer a congresistas, caso en que fueron nombrados los ex togados Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos.

Desde hace años que el papel de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ha estado en tela de juicio por sus pobres resultados en su cuarto de siglo de existencia. 

Según un informe que preparó la Corporación Excelencia en la Justicia con corte al 2014, la Comisión de Investigación y Acusación a esa fecha había recibido 3.496 demandas contra aforados constitucionales, procesos de los cuales solo llevó hasta su terminación 1.966, sin un solo fallo de fondo.

Posteriormente, en septiembre de 2015, esta célula produjo el primer resultado importante en su historia al acusar ante la Plenaria de la Cámara al por esos días magistrado Pretelt por el delito de concusión, pues supuestamente le pidió $500  millones al abogado de la firma Fidupetrol para ayudarle a que saliera a su favor una tutela que se tramitaba en la Corte Constitucional.

Este proyecto de fallo que produjo dicha Comisión luego de un proceso que tardó cerca de seis meses, fue acogido por la plenaria de la Cámara, primero, y la plenaria del Senado, después. Ello hizo que el caso de Pretelt pasara a la Corte Suprema, en donde el juicio arrancará en las próximas semanas.

El Gobierno nacional suprimió en la Reforma de Equilibrio de Poderes la Comisión de Investigación de la Cámara, la cual fue remplazada por el Tribunal de Aforados, con la novedad principal que estaría integrada por magistrados y no por congresistas, como ocurre hoy en día, lo que motiva buena parte de las críticas. 

Sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequible esta disposición de Equilibrio de Poderes, por lo que la Comisión de Investigación y Acusación quedó viva.

En ese sentido hay prevención por parte de algunos que la investigación por presunta corrupción en la Corte Suprema sea acometida por esta célula legislativa, en los casos de los ex magistrados Ricaurte y Bustos.

En días pasados, la senadora Claudia López dijo que  “si la Corte Constitucional de manera insensata no hubiera hundido la Comisión de Aforados, los Magistrados denunciados por corrupción podrían ser investigados y sancionados oportunamente y en derecho en un Tribunal independiente y no por congresistas. Hoy en la práctica gozan de la misma impunidad que favorece a los Presidentes de la Republica".

El pasado miércoles, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara abrió la investigación preliminar a los dos ex magistrados con base a la compulsa de copias por parte de la Corte Suprema, que incluye 19 folios y un CD.

El presidente de esta Comisión, el representante liberal Fabio Alonso Arroyave Botero, consideró que hoy “tenemos una Comisión más depurada, que le ha mostrado resultados al país”, y que como en el caso del proceso al hoy exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, “que era un tema complejo, difícil, pues lo sacamos bien de la Comisión, de la plenaria de la Cámara y la plenaria del Senado. Y hoy la Corte Suprema de Justicia nos da la razón al reconocer que se llevaron todos los elementos de juicios y probatorios”.

Añadió que “este es un caso de interés nacional y en la Comisión tenemos una pluralidad partidista, y la mesa directiva tomó la decisión de designarme como coordinador y al doctor Edward Rodríguez como parte de la comisión investigadora para que le demos muy pronto resultados al país”.

Arroyave puso de presente que no tienen términos para archivar el proceso contra estos ex magistrados o acusarlos ante la plenaria de la Cámara.

“Pero sí es el ánimo de la presidencia, de la mesa directiva y de la comisión del duunvirato que se ha conformado presentarle al país lo más pronto resultados. Por eso hemos abordado de inmediato la investigación. El primer acto que se debe hacer es tomar conocimiento de esta investigación y hacer traslado de unas actuaciones procesales para que se ratifiquen las denuncias y se llame a las personas, y vamos a invitar dentro de este proceso de manera especial al señor Procurador que haga un acompañamiento completo”.

Por su parte, el representante Edward Rodríguez (Centro Democrático) dijo que “aquí hay que actuar con contundencia y con responsabilidad y lo que hemos manifestado con mi compañero del Partido Liberal es que actuaremos con eficiencia y eficacia, respetando el debido proceso”.

Agregó que “hemos solicitado siempre que se cambie la Comisión de Acusación por un ente más competente, más técnico y más sólido, sin embargo esto es lo que hoy nos otorga la ley. Con las herramientas que tengamos tenemos que hacer justicia, tenemos que responderle al país, que es lo que hoy necesitan los ciudadanos, entender qué fue realmente lo que pasó y de esa forma hacer justicia, que es el gran reto que tenemos hoy”.

EU: ojo con las pruebas

La vicefiscal María Paulina Riveros anunció ayer que llegó un oficio de la justicia de Estados Unidos en el cual advierte sobre el manejo de las pruebas y documentos que hizo llegar a la Fiscalía  en cuatro discos compactos, en donde destapa los presuntos hechos de corrupción en la Corte Suprema, que además de los ex magistrados Bustos y Ricaurte, compromete a los abogados Camilo Tarquino (exmagistrado de la Corte Suprema), Luis Ignacio Lyons, Luis Gustavo Moreno y Leonardo Luis Pinilla; los senadores Hernán Andrade, Musa Besaile y el exsenador conservador Luis Alfredo Ramos.

Riveros dijo que para Estados Unidos incurrirá en delito federal quien filtre estas pruebas o les dé una destinación diferente.

“El Departamento de Justicia de los Estados Unidos condiciona la compartición de estos materiales en que su uso y manejo por parte de la Fiscalía sea ajustado a la normatividad y jurisprudencia colombiana”, aseveró.

La comunicación señala que “dada la sensibilidad de estos materiales, cualquier uso fuera de estos parámetros pudiese infringir el Código de Derecho Penal Federal de los Estados Unidos, cuya aplicación tiene incidencia extraterritorial, ya que dichos materiales forman parte de un caso penal federal”.

Pinilla

El abogado Leonardo Pinilla fue capturado por la Fiscalía hace unas semanas junto con el entonces jefe anticorrupción de este organismo, Luis Gustavo Moreno, porque en Estados Unidos le habrían solicitado al prófugo exgobernador Alejandro Lyons $500 millones para frenar las investigaciones en su contra.

No obstante, las autoridades norteamericanas grabaron las conversaciones en las cuales se habría hecho la solicitud de dinero y en las que Moreno y Pinilla se habrían ufanado que podían manipular procesos en la Corte, nombrando a las personas que hoy están encartadas en este megaescándalo.

Ayer se conoció un audio supuestamente grabado desde la cárcel por Pinilla, en el cual rechaza el acuerdo para un principio de oportunidad que hizo Lyons con la Fiscalía, comprometiéndose a testificar en este caso.

En el audio, que habría sido enviado desde la cárcel, Pinilla asegura que el escándalo de la justicia se debe a una “estrategia maquiavélica” del exgobernador Alejandro Lyons para no responder por las acusaciones en su contra.

“¿Dónde están los testaferros del doctor Alejandro Lyon? ¿Dónde están todas las propiedades que tiene? ¿Dónde están todas las situaciones ilícitas que cometió y que hoy nada se dicen de ellas y que por entregar al director nacional de Anticorrupción y a mi persona, por 10 mil dólares, quiere salvarse?”, dice Pinilla.

Polémica

El exprocurador Alejandro Ordóñez negó tener una relación cercana con el exmagistrado Bustos, y explicó que la esposa de Bustos y exesposa, quienes trabajaban y fueron promovidas en la Procuraduría durante su administración fueron cuota del ahora contralor general, Edgardo Maya.

“Falso. La designó la administración anterior: la del señor Edgardo Maya. Años después me enteré de la relación que tenía con el doctor Bustos”, explicó Ordóñez.

No obstante en un decreto de 2010 firmado por Ordóñez  se hace el nombramiento de Ana Josefa Velasco, exesposa de Ordóñez.

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