Una petición en contra de la República de Colombia, en razón de la  impunidad en la que permanece el crimen de Álvaro Gómez desde hace 18 años y la notoria obstrucción de la investigación por parte de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara, presentarán hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) familiares del inmolado director emérito de EL NUEVO SIGLO y la American University Washington College of Law a través del Proyecto de Litigio de Alto Impacto como copeticionaria.

Según informó la familia a través de un comunicado, se prevé que a las 11 de la mañana los abogados de las víctimas en compañía de directivos de la American University se reunirán con el comisionado y relator para Colombia de la CIDH José de Jesús Orozco para presentar el caso al tiempo que se reunirán con la prensa en la biblioteca de la Comisión.

Crimen e impunidad

Gómez, quien fuera 3 veces candidato presidencial, designado a la Presidencia, embajador (Estados Unidos, Francia, Suiza), senador, director del diario EL SIGLO, fundador y propietario del noticiero de televisión 24 Horas, fundador y director de la revista Síntesis Económica y fundador y profesor de la Universidad Sergio Arboleda “fue brutalmente asesinado el 2 de noviembre de 1995 cuando desde sus editoriales del diario lideraba la oposición al gobierno del presidente Ernesto Samper y reclamaba su renuncia por la comprobada financiación de su campaña presidencial (1994) por parte de los más importantes carteles de la droga colombiana de la época”, según se consignó en el comunicado.

Para la familia, “durante 14 años la Fiscalía fracasó en establecer los autores materiales e intelectuales del magnicidio, imputando falsamente a once personas que resultaron exoneradas en juicio y condenando a un supuesto autor material que la familia de la víctima considera un lamentable chivo expiatorio”.

Desde 2008 la familia de Gómez, se lee en el comunicado, “ha luchado por reabrir la investigación y reclamar la práctica de pruebas que acreditan que el homicidio del periodista fue una ejecución extrajudicial perpetrada por miembros de los carteles de la droga que habían financiado la campaña del presidente Samper en colaboración estrecha con miembros en activo de la Policía Nacional de Colombia y por solicitud expresa de este y su ministro del Interior, Horacio Serpa.

La familia de la víctima solicitará a la Comisión que tenga en cuenta la excepción contenida en el art. 46.2 de la Convención y determine que existe un retardo injustificado en el proceso investigativo y judicial respecto del homicidio de Gómez y José del Cristo Huertas, por lo cual la petición cumple con el requisito de admisibilidad que surge del principio de subsidiaridad”.

Pretenciones

Se pretende que la CIDH, previa admisión de la petición y la aplicación de un trámite preferente habida cuenta de la avanzada edad de las víctimas, los riesgos para los testigos y la inminente prescripción, declare, entre otras pretensiones, que el Estado de Colombia vulneró, en contra de Gómez y de sus familiares, y Huertas y de sus familiares, las obligaciones internacionales contenidas en los artículos 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en consecuencia de ello, en su informe final, recomiende la reparación integral a los familiares de las víctimas, declarando, entre otras medidas, la imprescriptibilidad de la acción penal respecto del homicidio de Gómez y Huertas.

También se pretende que se ordene al Estado colombiano, practicar de forma integral y con celeridad, la totalidad de las pruebas que sean necesarias para esclarecer de forma eficaz las responsabilidades sobre los homicidios y asegurar la protección de los testigos vinculados al proceso.