La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el cambio de radicación del proceso que se adelanta contra cuatro miembros de la familia Dávila Abondano por las irregularidades del programa Agro Ingreso Seguro a Santa Marta.

La defensa de los empresarios argumentó que las solicitudes para obtener dichos recursos agrícolas se hicieron para sus fincas ubicadas en Magdalena, por lo que por jurisdicción el proceso no puede seguir siendo adelantado por un juez de la República.

Aclararon que es cuestión diferente que esa entidad haya facilitado a los aspirantes a los subsidios la recepción de documentos en otras ciudades, que luego fueron enviados a Bogotá, donde se produjo el efecto jurídico de las presuntas irregularidades.

La Dávila son acusados por falsedad en documento privado y peculado por apropiación.