Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Segundo Penal de Bogotá con función de control de garantías profirió medida de aseguramiento consistente en detención en su lugar de residencia, en contra del empresario César Hernández como autor del delito de lavado de activos.

Los hechos materia de la investigación se fundamentan, entre otras pruebas, en las declaraciones aportadas el 30 de marzo de 2017 por un testigo que trabaja como director administrativo en una empresa de vuelos Chárter.

Afirmó el testigo que en esta compañía obra como director y su jefe, el señor Gustavo Urrego, conocido como el Capi, quien le solicitó en el año 2014 la entrega de un dinero en efectivo y cheques,  al  parecer en la residencia de César Hernández.

“Allí fui dos o tres veces, con una suma cercana a los 940 millones 617 mil pesos colombianos,  representados en un cheque por 180 millones que se entregó el 24 de septiembre de 2014”, sostuvo el fiscal al relatar la declaración hecha por el testigo.

Agregó que “el 26 de septiembre hizo una entrega de 165 millones de pesos en efectivo, el 30 de septiembre otra de 50 millones en efectivo, el primero de octubre de 2014, 250 millones en cheque y posteriormente,  afirmó llevar el 2 de octubre 294 millones en efectivo”, manifestó el fiscal en la audiencia pública.

De otro lado también fueron aportadas las declaraciones del representante legal de una empresa de aviación en Panamá, Gustavo Urrego, quien aceptó haber prestado su cuenta bancaria en ese país, tras el favor que le pidió César Hernández para una consignación cercana a los 512 mil dólares americanos.

“Él dijo que era producto de una asesoría jurídica y un pago por  una comisión por una venta de una propiedad en Colombia, que le hiciera el favor porque no tenía cuenta en el exterior”, sostuvo el testigo en declaraciones dadas al fiscal del caso.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el dinero hace parte de los US$4.6 millones de dólares pagados por Odebrecht en la adición contractual de la ruta Ocaña-Gamarra.

La investigación indica que la suma fue transferida por compañías Off-Shore controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht  a las sociedades panameñas de aviación Helicontinente S.A y Coast Helicopter Inc. con cuentas bancarias en Panamá.

El fiscal adscrito a la Dirección de Lavado de Activos, sostuvo que la medida privativa de la libertad es la adecuada y urgente porque existen motivos graves y fundados sobre un posible ocultamiento o destrucción de elementos materiales probatorios para obstruir el desarrollo de las investigaciones.

Indicó además que por la gravedad, naturaleza a y modalidad del delito se expone a una pena de 10 años de prisión.

Por su parte el Juzgado 2 Penal de Garantías de Bogotá consideró que la medida debe ser cumplida en su lugar de residencia en Envigado (Antioquia), toda vez que aportó documentos en los que certifica un accidente en su columna vertebral que lo mantiene en una circunstancia de discapacidad agravada.