Otro nombramiento del presidente Juan Manuel Santos que no pudo concretarse.

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Con el argumento de que se concentrará en su defensa dentro del proceso que se le sigue por cinco delitos, el exalcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa no aceptó ser presidente de la Financiera del Desarrollo Territorial (Findeter).

Correa está acusado de peculado por apropiación, celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por omisión y falsedad ideológica en documento público en relación con las irregularidades encontradas en la construcción del coliseo Miguel Happy Lora de la Villa Olímpica monteriana.

En la tarde de este lunes está previsto que se resuelva una apelación presentada por la Fiscalía a la libertad que les concedió una jueza 40 de control de garantías a Correa y a su sucesor en la Alcaldía de Montería, Marcos Daniel Pineda.

Correa también fue mencionado en el tinglado de corrupción supuestamente manejado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno.

Tras el anuncio de los cambios en el gabinete de Santos, varios de los nominados han rechazado la designación. Primero fue en Bienestar Familiar y luego en el Icfes. También está en duda el nombramiento en Supernotariado.

En el caso de Correa, la junta directiva de Findeter ya había decidido no aceptarle la renuncia al presidente saliente Luis Fernando Arboleda, congelando la llegada del dirigente cordobés a ese cargo.

Santos por su parte consideró a Correa como “un funcionario de lujo, impecable. Todos lo quieren, produce resultados. Esa es una investigación normal en cualquier funcionario. Siempre hay investigaciones, pero las imputaciones de la fiscal fueron desatendidas por la juez de garantías, quien dijo que no había caso”.

Siendo burgomaestre monteriano, Correa habría firmado entre 2012 y 2015 un contrato con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social por un valor superior a los 12.000 millones de pesos.

Según la Fiscalía, en la ejecución del coliseo se presentaron sobrecostos y demoras injustificadas que impidieron que la obra fuera usada.

Según lo estipulado en el contrato, las obras debían terminar en noviembre de 2012, y no fue así. Según la Fiscalía, el Coliseo se entregó “con variaciones sustanciales” frente al proyecto inicial.

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