Por retrasos en la construcción de 10 cárceles en el país, la Procuraduría espera que los funcionarios respondan por las presuntas irregularidades.
Concretamente, el Ministerio Público investiga el Convenio 150 de 2005 suscrito entre el Ministerio del Interior y de Justicia y el Fonade, que tenía por objeto la construcción de establecimientos penitenciarios y carcelarios en Yopal, Acacías, Jamundí, Ibagué, Medellín, Cúcuta, Guaduas, Florencia, Picota y Puerto Triunfo.
Durante la ejecución del proyecto se generaron incrementos en los valores inicialmente establecidos para desarrollar las obras, al parecer, porque no se adoptaron los correctivos inmediatos y eficaces que solucionaran los inconvenientes que se pudieron presentar y evitaran el incumplimiento del cronograma y una mayor inversión de recursos públicos.
La Procuraduría consideró que la conducta de los disciplinables puede constituir falta disciplinaria porque no efectuaron los ajustes indispensables ni impartieron las instrucciones y recomendaciones correspondientes al momento en que se presentaron circunstancias irregulares que afectaron la ejecución de cada uno de los proyectos que hicieron parte del convenio referido.
En la investigación se evidenció una afectación financiera por aumento en los costos de los proyectos en un promedio de 31,29 %, por mayor cantidad de obra no presupuestada en los diseños iniciales donde se encontraron diferencias en la cuantificación de las cantidades de obra frente a los diseños iniciales entregados por los consultores de Fonade, los cuales debieron ser reestructurados.
Para la Procuraduría los marcados atrasos en los proyectos incidieron directamente con los mayores costos de interventoría y el pago de la cuota de gerencia destinada a Fonade, así mismo en los valores unitarios de los materiales, situación que fue advertida por la Contraloría General de la República.